Editorial

Editorial: Educación financiera para educadores

Urge impulsar la educación financiera para coadyuvar a reducir la asimetría de información en los contratos de crédito

Informaciones recientes revelan el pobre manejo de las finanzas personales entre los educadores. Muchos enfrentan situaciones verdaderamente críticas. El endeudamiento consume ingresos necesarios para satisfacer otras necesidades y el cumplimiento de las obligaciones roba valioso tiempo, energía y serenidad requeridos para otras actividades, incluidas la preparación de lecciones y la revisión de tareas.

La última llamada de atención surge de la Ley 9859, llamada ley contra la usura, cuyas disposiciones obligan a la Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) a no conceder créditos a docentes cuyo salario líquido, es decir, neto de deducciones, no alcance por lo menos ¢200.000. La disposición afecta a unos 25.000 servidores del sector educativo.

La afiliación a la Caja de ANDE es obligatoria para todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) desde el momento de su contratación. Los trabajadores aportan al fondo el 5 % de sus salarios y tienen derecho a préstamos de fácil tramitación. La Caja es la principal acreedora de muchos educadores en todo el país.

Aunque el salario bruto promedio en el sector educativo es de ¢1 millón, muchos educadores reciben ingresos netos mucho menores, pues las deducciones son enormes. En el 2018, La Nación publicó que el 60 % (50.593) de los 84.322 funcionarios del MEP tenía comprometido el 50 % de su salario o más, según datos de la institución. Entre ellos había 18.701 docentes con menos del 20 % del sueldo disponible, pues los compromisos consumían un 80 % de los ingresos. Había 6.914 educadores con menos de ¢50.000 y otros 3.187 con menos de ¢20.000. Según el MEP, 338 docentes recibían un salario neto mensual inferior a ¢1.000.

La nueva ley fija un límite superior a las tasas de interés por cobrar sobre los préstamos, sea por uso de tarjetas de crédito o por cualquier otro motivo, y eso ha llevado a algunas entidades a redefinir su mercado meta y excluir créditos por montos pequeños, por su alto costo de administración, así como a clientes con pobre historial de pago. También limita los préstamos a personas con poca solvencia y fija montos de ingreso por debajo de los cuales no es posible hacer deducciones de planilla.

Pero ninguna de esas protecciones puede sustituir una buena educación financiera. En la concesión de préstamos, las dos partes deben tener relativa certeza de la capacidad de pago del deudor. También deben ser conscientes del círculo vicioso creado porque cuanto más baja sea la capacidad de pago, más alta es la tasa de interés y eso deteriora la posibilidad de recuperación de lo prestado.

Todo solicitante de crédito debería conocer previamente a qué se compromete. A manera de ejemplo, un préstamo por ¢5 millones a una tasa de interés del 35 % y a 3 años de plazo tiene una cuota mensual de ¢226.000, y al final del periodo lo que habrá pagado el deudor, entre principal e intereses, ascenderá a un poco más de ¢8 millones. Es preciso hacer el cálculo antes de contraer la obligación.

Y la cuota es más alta si la tasa de interés es el tope de la ley de usura, que el Banco Central de Costa Rica recién fijó en 37,69 % para tarjetas y 53,18 % para microcréditos en colones. Para verificarlo, basta con recurrir a una calculadora de préstamos de las disponibles en Internet. Lo mismo sucede cuando se trata de compras de bienes a crédito, como los electrodomésticos.

La educación financiera básica no solo es necesaria para los docentes. Amplios sectores de la población la echan de menos. Urge impulsarla para coadyuvar a reducir la asimetría de información en los contratos de crédito. Por eso debería comenzar, precisamente, por los miembros del sector educativo.