16 junio

El sedimento y la falla en el rompeolas impiden la entrada de barcos de gran tamaño al muelle de Caldera, cuyo diseño es de la década de 1970 y entró en operación en 1981. Estos problemas entraban el comercio internacional con origen y destino en los países asiáticos. La utilización de puertos en el Caribe y el paso por el canal de Panamá elevaría costos y tiempos. Lo lógico es reparar las deficiencias de Caldera.

La solución está a la mano, pues la empresa concesionaria ofreció ejecutar la ampliación y modernización de tan estratégica obra para permitir el ingreso de barcos de gran calado y evitar caros trasbordos. El costo de la modernización se calcula en $187 millones y podría recuperarse por medio de los pagos por servicios, si se sigue adelante con un contrato de concesión debidamente ajustado. El contrato actual no se firmó al amparo de la ley de concesión de obra pública, sino de la Ley de Contratación Administrativa y no puede ser utilizado para los fines descritos. Sin embargo, es posible recurrir al contrato de concesión suscrito para la operación de la terminal granelera y ampliarlo en lo necesario.

En ambos casos, el país no debe darse el lujo de dejar pasar más tiempo.

El colapso del puerto de Caldera no es inesperado. Las autoridades y la concesionaria lo previeron hace años, pero, por una u otra razón, se dejó pasar el tiempo. Ahora es necesario correr porque el reloj marcha en contra del interés nacional.

Otro problema de consideración en materia de infraestructura es la pobre comunicación terrestre del centro de Cartago con la ciudad de San José. Es probable que algunos habitantes de la Vieja Metrópoli y más allá se hayan resignado a aceptarla como inevitable, pero la empresa constructora Meco propone obras para reducir a 30 minutos el viaje entre San José y Cartago. El plan consiste en reconstruir y ampliar el tramo de 22 kilómetros entre plaza González Víquez y El Guarco, donde actualmente se genera un cuello de botella.

El costo estimado de la obra ronda los $400 millones, los cuales se pagarían con peajes. Por la vía transitan unos 55.000 vehículos al día. La cantidad aumentaría si se modernizara la autopista. Eso la hace candidata natural a la concesión. En la modalidad de “iniciativa privada”, la aceptación de la propuesta no implica contratar a la empresa proponente, en este caso Meco. La obra saldría a licitación y se adjudicaría al mejor postor. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, ordenó hacer las consultas institucionales necesarias para convertir en realidad, cuanto antes, la propuesta de Meco o un planteamiento mejor con el mismo objetivo.

La figura de concesión de obra pública con servicios, debidamente regulada en Costa Rica, ofrece enormes ventajas para la sociedad, pues permite emprender obras de gran tamaño, muchas de las cuales requieren experiencia escasa y recursos financieros de los que no dispone el gobierno. Las obras no tienen impacto sobre el presupuesto nacional porque los costos los asumirían los usuarios. Si las obras son bien concebidas, y las tarifas razonables, los ciudadanos pagarán el precio de un servicio que valoran, en el tanto les ahorre tiempo y evite los demás inconvenientes propios de la infraestructura deficiente.

Dos problemas, dos soluciones. Ojalá las autoridades conformen equipos especiales de trabajo, con objetivos operativos y claras responsabilidades, para ejecutar los dos proyectos con la urgencia del caso. En ambos, el país no debe darse el lujo de dejar pasar más tiempo. La necesidad de las reparaciones es conocida desde hace tiempo y ya dejamos que el agua nos llegara al cuello.