3 septiembre

El pasado viernes fue un día sombrío para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Centroamérica.

En la mañana, el régimen de Daniel Ortega, como reacción a un contundente informe emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expulsó a la delegación de la entidad que se encontraba en Nicaragua. En la tarde, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en represalia por las acusaciones de financiamiento electoral ilícito planteadas en su contra, anunció que no renovará el mandato a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pieza clave para mejorar el desempeño de la justicia.

La gravedad de ambas decisiones es distinta, pero las dos revelan, con cinismo y arbitrariedad indignantes, un profundo desdén por principios elementales del buen gobierno y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por los dos países.

La represión y el cinismo de Ortega. El informe del Alto Comisionado, el cual generó la expulsión de su personal, desnuda con abundante prueba y ejemplar claridad tanto las perversas acciones represivas emprendidas contra la población nicaragüense a partir del 18 de abril, como la naturaleza arbitraria del régimen. Se suma, además, a reportes previos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya han documentado 322 muertos como resultado de la escalada de violencia.

Un párrafo del documento de la ONU es particularmente alarmante sobre la índole de las violaciones cometidas hasta ahora: “Incluyen el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes maltratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos con el gobierno”.

La gravedad de ambas decisiones es distinta, pero las dos revelan, con cinismo y arbitrariedad indignantes, un profundo desdén por principios elementales del buen gobierno

Entre sus recomendaciones, plantea desmantelar las bandas paramilitares patrocinadas por el gobierno, cesar los actos represivos, reactivar el Diálogo Nacional inclusivo convocado por la Iglesia católica y garantizar la independencia e imparcialidad judicial.

La expulsión de los representantes de la OACNUDH, denunciada por múltiples gobiernos y organizaciones democráticas, incluidas la OEA y la Unión Europea, indica que Ortega se ha colocado totalmente al margen de elementales obligaciones internacionales. Peor aún, es una evidencia más de que intentará mantenerse en el poder a sangre y fuego. En ese contexto, el llamado del Alto Comisionado a que se ejerza una mayor presión externa para que cese la represión y se abra una transición democrática es clave y no debe caer en oídos sordos.

El embate de Morales contra la Cicig. La decisión del presidente Jimmy Morales implicará que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala —entidad de las Naciones Unidas creada en el 2007 a pedido de ese país y activa desde el 2008— terminará su mandato en diciembre del 2019. Los efectos serán muy graves.

En un país plagado de violencia e impunidad, y con poderosos sectores determinados a manipular o maniatar las instituciones judiciales, el trabajo de la Cicig ha sido fundamental para avanzar en la investigación y procesamiento de importantes casos y, sobre todo, para crear capacidades en la Fiscalía y los tribunales que permitan contribuir —aunque trabajosamente— a la construcción del Estado de derecho.

Gracias a ella y a valientes fiscales, por ejemplo, fue posible desvelar la inmensa trama de corrupción articulada por el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, enjuiciados y condenados tras verse obligados a renunciar en setiembre y mayo del 2015, respectivamente.

El pasado año la Comisión y la Fiscalía sindicaron al presidente Morales por financiamiento electoral ilícito y pidieron se le despojara de la inmunidad. Su respuesta fue declarar persona non grata y exigir la salida del país al comisionado jefe, Iván Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad bloqueó la medida. A partir de entonces, era fácil suponer la cancelación de operaciones de la Cicig. La coreografía del anuncio —con el presidente flanqueado por decenas de militares y policías— añadió un inquietante simbolismo castrense al hecho.

El daño a las instituciones guatemaltecas será enorme y el mensaje de que la impunidad es tolerada y hasta instigada desde las más altas instancias del poder augura otros males. No se equipara a la carnicería de Ortega, pero su gravedad también es enorme.