17 enero

Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), subsidiaria del Grupo ICE, compite con empresas privadas por una cuota de mercado suficiente para garantizar su rentabilidad. Como toda empresa, debe desarrollar estrategias cuya confidencialidad es necesaria para no alertar a los demás participantes en el mercado. Al mismo tiempo, tiene la obligación de rendir cuentas al país sobre su desempeño financiero y otras materias, pero no ha sido fácil conseguir que lo haga.

¿A quién, en una democracia, podría ocurrírsele que los informes de auditoría de una entidad pública puedan ser declarados secretos?

Racsa y las empresas estatales involucradas en mercados competitivos —el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad y los bancos comerciales del Estado, entre otros— siguen siendo públicas, pero en muchas ocasiones sus administradores aspiran a la libertad de acción de las empresas privadas, sin la obligación de informar a sus accionistas, los costarricenses, sobre sus actuaciones. Eso es improcedente, pues podría estimular la ineficiencia y la corrupción.

Javier Cordero González, auditor interno de Racsa, consultó a la Contraloría General de la República si, por razones de estrategia empresarial, podría declarar confidenciales determinados informes de su despacho. El Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la Contraloría contestó: “El auditor interno no tiene norma legal habilitante que lo autorice a declarar sus productos como confidenciales, únicamente tiene el deber legal de resguardar la información que previamente, y con base en el orden jurídico (Ley General de Control Interno), ha sido considerada confidencial”.

La Contraloría también recordó al auditor Cordero que el libre acceso a la información pública es un derecho tutelado por el artículo 30 de la Constitución Política. Además, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito precisa que es de interés público la información relacionada con presupuestos, custodia, gasto, inversión, fiscalización y administración de fondos públicos, incluida la información ligada a hechos y conductas de funcionarios que actúan en representación de los ciudadanos.

Racsa y las entidades de su tipo no deben operar en la oscuridad. La luz del sol es el mejor desinfectante, dicen los activistas dedicados a promover la claridad en la Administración Pública y el libre acceso a la información.

Si una empresa estatal, para generar rentabilidad en un ambiente de competencia, necesita declarar confidencial toda su información administrativa, financiera y contable, es mejor prescindir de ella o no crearla. La figura del Estado empresario, cuya actividad para unas cosas es privada y para otras, pública, es una receta para el desastre.

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Ojalá el criterio de la Contraloría General de la República sirva de guía para las actuaciones de las empresas estatales, comenzando por el ICE, y ojalá Racsa y sus similares sean administradas profesionalmente, con eficiencia, de forma rentable y que periódicamente sus jerarcas rindan cuentas a la ciudadanía. La obligación incluye contestar con propiedad todas las interrogantes de los departamentos especializados de la Contraloría y de los diputados, pero también de la prensa y la ciudadanía.

No se les pide revelar las estrategias cuya divulgación pueda ser aprovechada por los competidores para sacar ventaja, pero debe cesar la extensión del secreto a todos los datos relacionados con el desempeño empresarial. La pregunta formulada por el auditor es particularmente reveladora. ¿A quién, en una democracia, podría ocurrírsele que los informes de auditoría de una entidad pública puedan ser declarados secretos?