17 mayo

“Recursos hay”, dice Juan Manuel Cordero, defensor adjunto de los habitantes, refiriéndose a la lucha contra la pobreza. La pregunta es si los estamos aprovechando y la respuesta, según el funcionario, es un rotundo no. En el mismo sentido se han pronunciado otros órganos y expertos independientes.

Todos coinciden, además, en citar la falta de una rectoría inequívoca, eficaz y constante entre las principales explicaciones de los esfuerzos fracasados. Un informe de la Defensoría llama la atención sobre el tránsito de la rectoría del combate contra la pobreza por varios ministerios e instituciones, incluida la Vicepresidencia de la República y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), transformado, al efecto, en ministerio.

Una familia necesitada debe acudir a varias instituciones para obtener beneficios básicos, como becas escolares y subsidios para la vivienda

La conversión se logra con la designación del presidente ejecutivo del IMAS en el cargo de ministro sin cartera. Eso, señala la Defensoría, puede agravar el problema de la regencia. En términos prácticos, “sin cartera” significa ayuno de la estructura burocrática necesaria para comandar y coordinar el sector. Enmendar esa falta implicaría profundizar otro de los pecados capitales del andamiaje de la lucha contra la pobreza, cual es la duplicación de esfuerzos.

Según el informe de la Defensoría, el ministerio sin cartera ensayado en la pasada administración careció “de los recursos legales y administrativos para cumplir su alto mandato”. Mientras tanto, el país es uno de los más generosos en gasto social en todo el continente y existen unos 46 programas a lo largo y ancho del aparato estatal. Entre ellos, hay 34 de dimensiones importantes, administrados por 22 instituciones.

La institucionalidad del sector es robusta, pero también atomizada y fraccionada, carente de una articulación apta para alinear las políticas con los problemas, afirma el defensor adjunto. Más que robusta, la madeja de instituciones es excesiva y conviene discutir la posibilidad de podarla, no para disminuir el presupuesto de la lucha contra la pobreza, sino para aprovecharlo mejor.

En esa dirección, iba la propuesta del plan CERRAR del exdiputado Ottón Solís, combatido con ferocidad por la burocracia, cuya prioridad es defender la existencia de las instituciones como fuente de empleo y beneficios, no combatir la pobreza y procurar la eficiente inversión de los fondos públicos.

El defensor también se pregunta, con acierto, por qué no se habla de simplificación de trámites para los pobres. Una familia necesitada debe acudir a varias instituciones para obtener beneficios básicos, como becas escolares y subsidios para la vivienda. Esa multiplicidad de ventanillas se presta, además, para los abusos y “fugas” de recursos dedicados al sector.

Precisamente por esas razones, Solís propuso cerrar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah). No propone eliminar las funciones, sino trasladarlas, con los fondos correspondientes, a un Ministerio de Asistencia Social (MAS), menos burocrático y capaz de eliminar la dispersión y el desperdicio. El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) también se trasladaría a la nueva cartera. Las tareas del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) pasarían al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) y las del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) serían asignadas al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El planteamiento redundaría en beneficio de la quinta parte de la ciudadanía sumida en la pobreza pese a la inversión del 25 % del producto interno bruto en programas sociales. La persistencia de la pobreza a lo largo de décadas no se explica por falta de recursos, sino por exceso de burocracia.