El presupuesto nacional tiene un alto grado de inflexibilidad, como ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Costa Rica aspira a ingresar. La inflexibilidad es producto de los gastos establecidos en la Constitución Política para la educación, el Poder Judicial y las universidades estatales, y a la falta de conciencia en la Asamblea Legislativa sobre la improcedencia de crear destinos específicos a los impuestos, aprobar erogaciones de fondos sin contrapartida de ingresos o crear exoneraciones, sobre todo, cuando no se les fija límite ni se les somete a revisión.
La inflexibilidad atenta contra el uso eficiente de los recursos presupuestarios porque exige dedicar cuantiosas sumas de dinero a financiar determinados propósitos, independientemente de la necesidad y la urgencia nacionales. El Poder Judicial, por ejemplo, cuenta con las mejores edificaciones del sector público, algunas incluso están enchapadas en mármol, en mucho porque le ha sobrado los recursos financieros transferidos por el Ministerio de Hacienda para cumplir el mandato constitucional. En contraste, el pobre estado de las escuelas rurales se mantiene mientras esperan las sobras presupuestarias para hacer mejoras.
Pero los diputados, muchos de ellos sin el mínimo conocimiento de la materia fiscal, se empeñan en aprobar exoneraciones a diestra y siniestra, así como destinos específicos para entidades o causas de su interés. En los 15 meses del actual gobierno, el Ministerio de Hacienda ha recibido 39 consultas por proyectos de ley con disposiciones para crear nuevas erogaciones de fondos, instituciones públicas y destinos específicos. Con esa actitud, no hay confianza en que una reforma fiscal tenga larga vida, pues en cualquier momento el orden y la disciplina se rompen.
Como manifestó el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana, “los destinos específicos son una mala práctica” y "las exoneraciones totales erosionan la base de los impuestos y, en muchos casos, solo benefician a grupos privilegiados”, como las cooperativas. Desafortunadamente, por cada diputado que piensa así, hay varios en la posición contraria. Es esencial que a los nuevos legisladores, elegidos para ejercer la representación popular, se les eduque en materia de buenas prácticas fiscales.
También merece especial cuidado la facilidad con que los grupos de presión influyen en algunos legisladores para introducir en los proyectos de ley, a última hora y sin discusión alguna, disposiciones contrarias al interés común, como hicieron los exdiputados Aracelli Segura, del Partido Liberación Nacional, y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, a cuyo empeño en el último momento se debe la exención concedida a los beneficiarios del régimen de pensiones del magisterio nacional del techo de ¢2,7 millones mensuales, monto de todas formas elevado en nuestro medio.
Se trata de un caso típico de economía política, en que grupos pequeños y sonoros se las agencian para influir en los diputados con el fin de mantener privilegios a costa de la mayoría silenciosa de los ciudadanos, cuyo interés debería ser tutelado por los representantes populares en la Asamblea Legislativa.
Por estas razones, Costa Rica parece estar permanentemente al filo de la navaja en materia fiscal y no hay confianza en que logremos, algún día, consolidar la situación para que futuros gobiernos puedan concentrar su acción en reactivar la economía, reducir el desempleo y la pobreza, y dotar al país de la seguridad ciudadana merecida por sus pobladores y visitantes.