3 marzo

Las personas descuentan, en general, a una alta tasa de interés el futuro. Eso explica por qué a los 20 o 30 años de edad difícilmente analizan cómo van a mantenerse o si tendrán un monto de jubilación cuando lleguen a los 65 o más años. Cuando comienzan a hacerlo, suele ser muy tarde, pues pueden hacer muy poco para cambiar sus proyecciones financieras.

Los avances en la alimentación y la medicina, así como en los estilos de vida, explican en mucho el aumento notable en la esperanza de vida al nacer, no solo en Costa Rica, sino también en muchos otros países a partir de las décadas de los 40 y los 50 del siglo pasado, cuando esquemas de seguridad social comenzaron a operar. De acuerdo con expertos, una persona de 65 años está en una condición similar a la de 55 de hace varios decenios. Lo anterior implica dos cosas: por un lado, por qué algunos regímenes de pensiones comienzan a mostrar insuficiencia financiera, pues deberán hacer pagos a los pensionados por muchos más años que lo calculado inicialmente. Por otro, mucha gente se verá obligada a continuar laborando por más tiempo, a diferencia de sus padres y abuelos.

El esquema del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, da signos de agotamiento financiero. También otros planes de pensiones con componentes altos de subsidio a cargo del presupuesto nacional y, por tanto, se piensa en la necesidad de aumentar cuotas de afiliación y la edad de retiro, así como rebajar el monto de los beneficios. Durante los últimos años, varias reformas en ese sentido han sido aprobadas, pero el problema no ha tenido una solución definitiva.

Por lo anterior, los entes públicos administradores de esos esquemas han creado una serie de estímulos para quienes postergan su retiro, entre estos, como premio, un aumento en el monto de la pensión. El incentivo debe ser lo suficientemente atractivo como para hacer que los candidatos en edad de pensionarse permanezcan un tiempo más en sus trabajos y bastante bajo para no convertirlo en un costo mayor para los respectivos regímenes. Para complicar más el asunto, debe tenerse presente que, en el tanto la pensión sea una fracción (del 50 % o menos) de los salarios de referencia, y menos aún del último salario, el trabajador va a sentirse más cómodo si continúa activo, pues recibe el salario total, que si se acoge a la jubilación.

Los actuarios son los expertos quienes —por conocer con profundidad las estadísticas vitales sobre expectativa de vida a partir de los 55 años y más, para personas de uno y otro sexo, y cómo calcular valores presentes— son los primeros llamados a establecer “opciones de indiferencia” entre pensionarse al cumplir la edad y el mínimo de cuotas exigidas, y postergar el retiro para obtener un monto superior.

Sin embargo, una publicación reciente (“Gran desigualdad en premios por jubilarse a mayor edad”, La Nación, 25/2/2019) muestra cómo algunos “premios” no están bien calculados y, por tanto, no inducen a la gente a aplazar su retiro. Eso debe revisarse. También muestra que, entre las condiciones operantes para el IVM y los esquemas administrados por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), existen diferencias enormes. El IVM tiene las condiciones más limitadas: el premio por postergación es inferior al del Régimen de Capitalización Colectiva cuya responsabilidad recae en Jupema; la edad de retiro es cinco años más alta y la fórmula para calcular el salario de referencia más drástica.

Aunque no debería mediar desigualdad, el hecho es, como muestra la noticia base de este editorial, que un régimen de pensiones público, con subsidio estatal como el de Capitalización Colectiva de Jupema, tiene condiciones más generosas que el de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS el cual cubre a la mayoría de los pensionados y cotizantes. Es muy probable que la desventaja se deba a que el primero cuenta con un grupo de interés relativamente pequeño, pero más activo y sonoro, que el de la mayoría dispersa afiliado al de la CCSS. Lo mismo ocurre en otro tipo de beneficios sociales, como son los años de cesantía, los salarios pagados en categorías iguales de puestos en el sector público y en el sector privado (desde jefes de departamento hasta choferes) y los días de vacaciones pagadas a los miembros de uno y otro grupo de empleados.

Lo aquí expuesto es un gran reto en materia de política pública.