Editorial: Diálogo de antología

No es la primera vez que se escucha hablar de los fondos de pensiones como si fueran bienes de difunto. Hace unos años, cuando la crisis del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social se vio en aprietos y las autoridades convocaron un diálogo para no resolverlos, funcionarios de la institución propusieron trasladar al IVM los fondos de pensiones creados por la Ley de Protección al Trabajador, arrebatándolos a sus legítimos propietarios. La idea no pasó de la enunciación, pero no está muy lejos de la propuesta planteada en el diálogo multisectorial.

Los fondos de pensiones son ahorros de los trabajadores. Algunos los administran operadoras públicas, pero eso no los convierte en propiedad estatal. Un bono de deuda pública adquirido con ese dinero es propiedad privada, esté en manos de BN Vital o de BAC pensiones, tanto como si lo posee un inversionista nacional o extranjero.

Forzar una reducción de las tasas de interés de los bonos adquiridos por las operadoras de pensiones es como hacerlo con los bonos de cualquier otro inversionista. No hay diferencia y, en ambos casos, el resultado se llama impago y desataría terribles consecuencias. Por eso el ministro de Hacienda, Elian Villegas, reaccionó alarmado cuando escuchó semejante tontería.

Pidió prudencia, porque siquiera hablar del tema en el marco de un encuentro convocado para examinar soluciones a la crisis fiscal envía señales de peligro al mercado internacional. «Si lo hacemos… ocurriría un default técnico y de inmediato nos dirán “aquí forzaron una baja artificial en las tasas de interés”, y nos tirarán a la triple C». explicó el ministro a los participantes.

Pero más allá del absurdo financiero está la falta de consideración para los afectados y el deseo de seguir la fiesta a costa de estos. Efectivamente, entre los principales tenedores de deuda interna están los fondos de pensiones, incluido el IVM y el del Magisterio Nacional. En esencia, la propuesta plantea sacrificar a jubilados y cotizantes de esos regímenes, reduciéndoles los ingresos. Así, no hará falta aumentar la recaudación ni reducir el gasto público.

La idea no tiene la menor posibilidad de prosperar y no valdría la pena editorializar sobre ella si no sirviera para revelar la pobreza de buena parte de las iniciativas discutidas bajo el rimbombante paraguas del «diálogo multisectorial». No es única, pero sí representativa. Se habló también de echar mano a las reservas internacionales para pagar la deuda y el presidente de la República se vio obligado a explicar por qué un absurdo de esa talla lanzaría al país hacia un abismo.

Como en el caso de los fondos de pensiones, la idea se funda en una ilusión. Según los proponentes, las reservas ascienden a $8.000 millones, pero $3.000 millones pertenecen al encaje depositado por los bancos comerciales en el Central y una suma parecida es el respaldo de los colones en circulación. El resto de la reservas tiene el propósito de estabilizar el tipo de cambio. En su ausencia, los primeros perjudicados serían decenas de miles de deudores en moneda extranjera, pero, de nuevo, existe la ilusión de que su sacrificio tornaría innecesarios los nuevos ingresos o los recortes de gastos.

A las propuestas señaladas se añaden excitativas para aprobar leyes en trámite o ahorros minúsculos, como la gasolina entregada a los diputados. Hasta ahora, los diálogos ofrecen pocos aportes. Es hora de ir preparándonos para la discusión verdadera, en el foro donde inevitablemente se dará: la Asamblea Legislativa y los partidos políticos.