5 junio

El Ministerio de Educación Pública (MEP) se propuso en el 2013 construir 83 centros educativos y 23 canchas techadas en diversas regiones del país. El monto estimado de la erogación fue de $167,5 millones.

Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) comprobó la pobre elaboración de los presupuestos, razón por la cual los recursos solo alcanzaron para construir un 40 % de las obras inicialmente contempladas.

A la falta de diligencia se suman el olvido fácil y la impunidad. Por eso, no hay límite a las pérdidas causadas por mala administración y ejecución.

El Colegio de Guararí, en Heredia, fue calculado en $2,6 millones, pero ascendió a $4,7 millones; el Colegio Occidental, en Cartago, en $3,8 millones, y la inversión terminó en $5,5 millones. Hay otros ejemplos de graves desviaciones, pero los citados bastan para ilustrar el problema.

A principios de este año, la Caja Costarricense de Seguro Social comprobó que encargar a terceros la atención de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) es significativamente más barato que brindarla directamente, pero recuperó la administración de varios de ellos con enormes pérdidas económicas.

El Consejo Nacional de Producción, cuya función es muy desteñida, vende alimentos a centros educativos a costos por encima de los disponibles en los mercados cercanos y, en muchos casos, de calidad inferior. Los propios directores de escuelas se quejan, pero no han conseguido corregir la situación.

El costo de la carretera Chilamate-Vuelta de Kooper, de solo 27 kilómetros, inaugurada por el presidente Luis Guillermo Solís en agosto del 2017, se disparó a ¢42.000 millones, cuando el cálculo inicial era de ¢25.000 millones, es decir, un 40 % menos.

Un informe de la CGR señala que en esto medió un atraso de casi dos años, atribuible a la administración, en parte por haber utilizado diseños desactualizados, lo cual implicó costos superiores.

El desvío se dio a pesar de la unidad ejecutora encargada del seguimiento de todos los aspectos técnicos y financieros de la obra y de la contratación de una empresa para la supervisión.

Las obras públicas bien concebidas ofrecen grandes beneficios a la sociedad. La carretera entre Chilamate y Vuelta de Kooper, por ejemplo, produce importantes economías a los transportistas, pues les evita pasar por sitios intermedios, como Aguas Zarcas, Venecia de San Carlos, Río Cuarto y la Virgen de Sarapiquí, lo que reduce el recorrido de 87 a 27 kilómetros.

Ese beneficio es razón de más para evitar la mala conducción del proceso. Los atrasos son, de forma muy palpable, costos adicionales de la obra.

Al menos en este caso hay voluntad de esclarecer lo sucedido y sentar responsabilidades. A principios de año, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició una investigación preliminar para clarificar si existió responsabilidad de los funcionarios con el fin de proceder conforme con la ley para establecer sanciones.

En materia de obras públicas, las autoridades suelen capitalizar los actos de inauguración, pero no se observa igual interés en asegurar la calidad y los costos óptimos de los productos finales.

A esa falta de diligencia se suman el olvido fácil y la impunidad. Por eso, no hay límite a las pérdidas causadas por mala administración y ejecución.

Quedamos atentos al resultado de la investigación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de sus enseñanzas porque si llega a buen término contribuirá a sentar nuevos parámetros de profesionalismo en el control interno de proyectos y programas tan caros y necesarios.