19 julio

Los sindicatos del sector público plantearon al Poder Ejecutivo un menú de medidas que, a su juicio, reducirían significativamente el déficit fiscal. Como se está en una etapa de estudio, todas las propuestas son bienvenidas, pero no todas son aceptables y algunas deben ser rechazadas ad portas.

Los sindicatos pidieron retirar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de la corriente legislativa. También consideran inconveniente la aspiración de formar parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En uno y otro tema los representantes del gobierno se mostraron firmes en el rechazo de las peticiones. Tampoco aceptaron someter a las empresas del régimen de zona franca a un impuesto inexistente en otros países con los cuales competimos para atraer inversiones. En este punto, el gobierno mantuvo coherencia con una promesa específica hecha y reiterada en el transcurso de la campaña electoral. Las empresas multinacionales toman sus decisiones de inversión y producción considerando el entorno a mediano y largo plazo. Por eso es inconveniente insistir en cambiar las reglas fundamentales cada dos o tres años.

Las propuestas sindicales para controlar la evasión en las aduanas son totalmente atendibles y bien haría el gobierno en adoptarlas

Los sindicatos proponen un alto impuesto (del 30 % al 36 %) sobre las utilidades de unas 400 empresas calificadas como “grandes contribuyentes”, pues confían en atraer importantes recursos por ese medio. Sin embargo, muchas grandes empresas podrían fácilmente emigrar de Costa Rica si el tratamiento tributario les fuera demasiado desventajoso. Más que aumentar la recaudación, el fisco se arriesgaría a verla reducida.

También proponen los sindicatos someter las utilidades de las operadoras de tarjetas de crédito a un fuerte impuesto sin considerar la elevada morosidad de ese tipo de crédito, normalmente sin garantía real. Por otra parte, las utilidades ya están sujetas al pago del impuesto sobre la renta.

Favorecen los sindicatos la adopción de un esquema de renta global, por el que todas las fuentes de ingreso (utilidades, dividendos, intereses) sean sometidas a una única escala de tarifas. Como lo comentamos en un editorial reciente (Precaución con la renta global, La Nación, 9/7/2018), el asunto debe ser examinado con sumo cuidado para evitar consecuencias indeseables. La renta mundial puede ahuyentar capitales y requiere de un sistema administrativo más elaborado que el existente en países como el nuestro, y más bien tiende a desaparecer en las naciones desarrolladas.

Pero no todos los planteamientos sindicales son errados. La propuesta de imponer un tributo a los ingresos de capital financiero a menos de un año (que en la jerga se denominan capital golondrina) es digna de consideración. Normalmente, el gravamen se impone mediante el impuesto Tobin (así llamado por el apellido de su proponente: el economista James Tobin), un tributo que no distingue el plazo de los depósitos, por lo que termina siendo relativamente alto para las inversiones financieras de corto plazo.

El tema es importante, pero cae más en la esfera de acción del Banco Central de Costa Rica, porque se relaciona con la administración óptima de las reservas monetarias internacionales. Normalmente, el impuesto Tobin no constituye una fuente importante de ingresos fiscales. Las propuestas sindicales para controlar la evasión en las aduanas son totalmente atendibles y bien haría el gobierno en adoptarlas.

Lamentablemente, la propuesta sindical se centra en incrementar los tributos. Por ningún lado hace mención del necesario control y racionalización del gasto, principal causante del deterioro de las finanzas públicas. Ese desequilibrio y la falta de consideración de las consecuencias de las medidas planteadas, restan seriedad a las peticiones.