20 mayo

La más reciente encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) contiene una mala noticia, pues muestra que al final del primer trimestre de este año el nivel de desempleo fue superior al de la misma fecha del 2019: un 12,5 % de la fuerza económicamente activa este año cuando el pasado fue un 11,3 %. A marzo había, según el INEC, 314.153 personas en busca de trabajo sin encontrarlo.

Desde ahora, debe también anunciar un plan de control de gasto innecesario en el sector público, así como una reorientación de las erogaciones hacia los fines que se han tornado prioritarios

El dato demuestra la debilidad de la economía antes de la aparición de la covid-19, como podía sospecharse a partir del inusual número de locales comerciales desocupados y el elevado nivel de pobreza, que afecta a más de una de cada cinco familias. Luego de la aparición de la covid-19, estos serios problemas tienden a agravarse. El alto déficit fiscal, cuyo financiamiento consume fondos que pudieron dirigirse a financiar el aparato productivo, también explica el difícil estado de cosas a finales de marzo.

El desempleo exige una serie de acciones de tipo estructural, como adaptar el contenido de la educación para facilitar a los graduados su integración al mercado de trabajo, identificar y eliminar las trabas administrativas de creación estatal, resolver las debilidades de la infraestructura física y hasta revisar la política cambiaria, pero con la aparición violenta de la pandemia, el cierre abrupto de empresas y el despido masivo de trabajadores, estamos obligados a concentrarnos en medidas con efectos a cortísimo plazo.

Solo en sodas y restaurantes hubo 121.000 despidos en dos meses. En ese periodo, 8.550 establecimientos del ramo cerraron. En otros sectores de la economía se han dado situaciones igualmente difíciles.

El gobierno anunció planes para abrir la economía paulatinamente y con sumo cuidado, esperanzado en una reactivación del sector privado capaz de absorber mano de obra, eventualmente en cantidades similares a hace cuatro o cinco meses, es decir, antes de la pandemia. La apertura debe ser cuidadosa y muy controlada para evitar una recaída en materia de salud pública, con inevitable retroceso también en materia productiva. Pero por esa vía hay que transitar de día y, con un farol, también de noche.

La crisis del sector productivo afecta, además, las finanzas públicas debido a la reducción de los ingresos tributarios. Baja el impuesto sobre el valor agregado (IVA) recaudado internamente y en las aduanas, además del impuesto sobre la renta personal y sobre las utilidades empresariales. Si a eso se suma la necesidad de incurrir en mayores erogaciones para ayudar a las familias necesitadas, el déficit y el endeudamiento del Gobierno Central tenderán a elevarse.

La reactivación también podría requerir estímulo mediante rebajas en precios de servicios públicos, como la electricidad, que más bien subió. Esas medidas, aunque necesarias, afectarían la situación de algunas empresas estatales. La Caja Costarricense de Seguro Social también ha visto reducidos sus ingresos a causa del aumento violento en el desempleo y la informalidad.

Aunque no se cuenta aún con proyecciones oficiales plausibles de la posición macroeconómica durante los próximos 18 meses, sí puede afirmarse que será muy comprometida. El desempleo, la pobreza y el sufrimiento de las familias costarricenses tienden a incrementarse.

Desde ahora, el gobierno debe anunciar un plan de control de los gastos innecesarios en el sector público, así como una reorientación de las erogaciones hacia los fines que se han tornado prioritarios. Eso no se ha visto hasta ahora: el desempleo no ha afectado un ápice a la burocracia pública y no se ve por ningún lado muestras de solidaridad ni de reparto equitativo del costo de la pandemia. Tampoco se han visto ahorros en programas de baja prioridad para financiar los gastos requeridos con el fin de evitar una calamidad. Esperamos el anuncio de acciones concretas y su pronta ejecución.