Los responsables del hueco fiscal no sustrajeron fondos del erario. En eso llevan razón los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) opuestos al informe de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos cuya recomendación más destacada, producto de meses de investigación, es la inhabilitación del expresidente Luis Guillermo Solís para ocupar cargos del Estado durante cuatro años.
Si no hay robo, no hay problema, parecen decir los copartidarios de Solís para apartarse del criterio de 40 legisladores de todos los partidos y 9 de los 10 miembros de la comisión. Esos 40 votos de aprobación exigen al PAC una explicación mucho más cuidadosa y detallada para disipar toda apariencia de partidarismo a ultranza. Votar para proteger al partido y salvar a sus autoridades, tengan o no tengan razón, es característica de la política tradicional, tan criticada por los gobiernistas. Es cierto, la primera administración del PAC no se distinguió demasiado de otras, pero interesa saber si el partido mantiene alguna intención de alinear la práctica con el discurso.
En cuanto al hueco fiscal, la agrupación debería explicar si redefinió sus principios para censurar únicamente las actuaciones relacionadas con la sustracción de fondos públicos. O quizá el nuevo criterio sea exigir responsabilidades únicamente cuando se haya establecido la comisión de algún delito. El cambio sería notable porque el partido insistió, desde su fundación, en la importancia de la ética, no del Código Penal. Si ahora exige prueba de la comisión de un delito para sumarse a la censura, el país tiene derecho a conocer las razones del cambio.
¿Merece la actuación del expresidente Solís y su ministro de Hacienda, Helio Fallas, algún tipo de censura o es ético y aceptable el ocultamiento de realidades económicas tan graves que obligaron a la actual administración, y a la sucesora de Fallas, a correr para pagar a los acreedores sin autorización —aunque con plena justificación— y a tramitar presupuestos extraordinarios aprobados, porque no había otra opción, por los mismos legisladores que ahora apoyan el informe de la Comisión de Ingreso y Gasto?
¿Reconoce el PAC el manejo “heroico” de las finanzas públicas pregonado por el mismo mandatario que omitió informar a la próxima administración, salida de su propio partido, sobre las graves circunstancias del erario? Cuando se proclamaba héroe, Solís sabía del hueco fiscal. ¿Existe en eso alguna responsabilidad política como las que el PAC tantas veces pidió establecer cuando era partido de oposición, incluso por boca del propio expresidente? ¿Es consistente con los principios del PAC dejar de presupuestar ¢600.000 millones para no confrontar al país con la realidad?
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Quizá el partido de gobierno juzgue excesiva la sanción sugerida por abrumadora mayoría del Congreso. Quizá le resulte inaceptable la vinculación entre el hueco fiscal y la supuesta intención de favorecer al PAC en la pasada justa electoral. Hay otras hipótesis posibles para explicar los votos contra el dictamen de la Comisión, pero ninguna exonera al partido oficialista de asumir posición sobre los graves hechos examinados.
Nadie se robó un cinco y la vinculación entre el hueco fiscal y las elecciones se basa en el examen de las circunstancias, no en prueba pura y dura. Más plausible sería la atribución de la maniobra a un deseo de la administración Solís de abandonar el gobierno sin asumir la responsabilidad de su inacción en materia fiscal ni enterar al país de la gravedad de la situación.
Los diputados del PAC pudieron votar con reservas o señalar las razones para apartarse del informe, pero no pueden dejar de manifestarse sobre la pertinencia de establecer responsabilidades por lo sucedido o, caso insólito, declarar su apoyo a la actuación de Solís. Esa es la esencia del control político. La actitud asumida hasta ahora no pasa de ser un nuevo descrédito.