Los esquemas tributarios deben obedecer a cierta lógica. El ideal es que contengan pocos impuestos, fáciles de administrar y con alto rendimiento en la recaudación. Además, no deben atentar contra el crecimiento económico. La Dirección General de Tributación no debe verse obligada a mantener un ejército de funcionarios para cobrar muchos tributos de limitado aporte porque el esfuerzo podría resultar más caro que lo recaudado, aun sin considerar el costo asumido por los contribuyentes para cumplir sus obligaciones.
El esquema tributario costarricense no sigue la lógica descrita. Como recién lo informamos, cuatro tributos generan el 86 % de los ingresos y los demás solo aportan el 14 %, a un alto costo (“Mayoría de 30 impuestos existentes aportan muy bajos montos al Gobierno”, La Nación, 2/10/2018).
Los sistemas tributarios se debilitan por la presión de grupos específicos con derecho a porciones de la recaudación de determinados impuestos. Así, por ejemplo, en Costa Rica opera un impuesto de ¢1,50 por cada caja de banano exportada, cuyo simple registro quizás cueste más. Existe porque pocos lo han notado y, ciertamente, porque financia a una unidad del Ministerio de Salud. El timbre de educación y cultura, que en el 2016 aportó en términos brutos ¢508 millones, tiene por beneficiarias a las universidades estatales y al Museo Nacional. En términos netos —es decir, cuando a lo recaudado se le deduce el costo de administrarlo y de repartirlo— probablemente tenga un rendimiento negativo.
Además, este tipo de impuestos con asignación automática obliga al Ministerio de Hacienda a transferir recursos presupuestarios escasos a determinadas entidades públicas sin sujeción a una escala de prioridades.
Según la contralora general de la República, Marta Acosta, “podríamos simplificar el sistema tributario y dejarnos los impuestos que realmente generan recaudación porque hay muchos y el costo operativo, el costo de administrarlos, es quizá más alto que el beneficio generado”. Tiene razón, pero ¿quién va a tomar la iniciativa de corregir el estado de cosas?
El Estado costarricense debería concentrarse en recaudar los cuatro impuestos que más recursos aportan y solo debería administrar tributos pequeños cuyo fin sea controlar externalidades negativas, como la contaminación. Los demás deben eliminarse de un plumazo, aunque para ello sea necesario enfrentar alguna reacción temporal de los beneficiarios de los destinos específicos. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda podría reducir el tamaño de la planilla de Tributación Directa. Además, Tributación podría administrar de mejor forma el nuevo esquema y, entre otras cosas, trabajar con más eficiencia en el control de la evasión.
El país no puede —por pereza, ignorancia o temor a las posibles reacciones— abstenerse de jugar en las ligas mayores, por ejemplo, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aplica las mejores prácticas en esta materia. Ojalá entre las condiciones para el ingreso a la OCDE hagamos una reforma tributaria cuyo fin no sea eminentemente fiscalista, recaudatorio, sino que dote al sistema de racionalidad.
LEA MÁS: Letras de cambio: Protección del ahorro ante la incertidumbre
Si el Ministerio de Hacienda toma esa iniciativa, seguramente contará con el apoyo de la Contraloría General de la República y, ciertamente, de la ciudadanía. Eliminar los impuestos irracionales por su bajo rendimiento es también una medida de simplificación de trámites que mejora la competitividad del país y el bienestar de sus ciudadanos.
Escuchar