En buena hora la Fiscalía investiga si la Unidad Presidencial de Análisis de Datos tuvo acceso a informaciones confidenciales. Ese es el punto. No hay otro. Es importante tenerlo claro porque la confusión arriesga satanizar el análisis de datos, una disciplina indispensable para el buen desempeño de la Administración Pública, la academia y la empresa privada.
Es fácil caer en la confusión creada por las estridencias de días recientes. En la Casa Presidencial había una unidad de análisis de datos. Esa labor es totalmente legítima. Un decreto pretendió darle marco institucional, pero incluía la autorización para obtener datos confidenciales acumulados en instituciones públicas, lo cual es completamente ilícito. Esos son los hechos comprobados hasta ahora.
En respuesta a varias denuncias, el Ministerio Público abrió una investigación para “acreditar o descartar” si los funcionarios de la oficina asesora del presidente tuvieron acceso indebido a informaciones confidenciales, es decir, si la pretensión contenida en el decreto se materializó antes de su publicación e inmediata derogatoria.
La Fiscalía no investiga si hubo análisis de datos porque esa actividad, amén de lícita, es necesaria. Ilegal sería ejecutarla con datos confidenciales, pero la retórica política y algunas informaciones de prensa dan la impresión de un delito consumado por el hecho mismo de hacer análisis de datos.
La Nación no se salvó de caer en la trampa. Nuestra edición impresa del martes incluyó un titular de portada apto para aumentar la confusión: “Diputados investigarán unidad de manejo de datos confidenciales”. Como es obvio, el titular da por sentado que la oficina investigada manejó datos confidenciales e implica que esa es su razón de ser. Lo primero no está comprobado y lo segundo no es cierto. La oficina, valga repetir, tenía el propósito de hacer análisis de datos; la investigación dirá si se desvió de esa misión para cometer un ilícito.
El titular de portada se repitió en la página 6 para encabezar una información correcta sobre la investigación y su verdadera naturaleza. Desde el inicio, la nota periodística señala que el objeto de las indagaciones es la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El uso indistinto de uno u otro concepto solo puede suscitar confusión y nos obliga a ofrecer disculpas.
Ojalá hubiéramos incurrido en error en esa única oportunidad. El miércoles, en la página 5 de la edición impresa, un titular reza: “Fiscalía abre causa penal por agencia de datos confidenciales”. Acto seguido, la información apunta, correctamente, que el Ministerio Público procura “confirmar o descartar si una oficina asesora de la Casa Presidencial accedió a datos confidenciales de los habitantes en manos de instituciones públicas”.
Pero lo más curioso y preocupante es que detectamos los errores por nuestra cuenta. Ni una sola persona nos lo señaló. Cuando incurrimos en faltas, incluso de menor monta, siempre hay lectores prestos a indicarnos el error, lo cual agradecemos. En esta oportunidad, no sucedió pese a la aparición del desacierto en tres páginas de dos ediciones seguidas.
Es posible que la impresión de una condenable anomalía esté tan posicionada que nubla la vista e impide distinguir entre análisis de datos y manejo de datos confidenciales. Se ha informado, por ejemplo, que en la oficina investigada hay una base de datos con nacimientos, defunciones y matrimonios, como si fuera delito. Esa información es pública y puede ser utilizada para análisis de datos como los ejecutados por este diario para informar sobre nacimientos, divorcios y otras materias.
El prestigioso Programa Estado de la Nación funda buena parte de sus investigaciones en análisis de datos. Lo mismo hacen las universidades y muchas empresas privadas. En la Administración Pública, el método es indispensable para orientar políticas en áreas que van desde la lucha contra la pobreza hasta la promoción del comercio exterior. Es irresponsable satanizarlo.