22 octubre

El conflicto creado por la decisión parlamentaria de dirigir ¢35.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) al desarrollo de infraestructura pone en evidencia las verdaderas prioridades de la burocracia universitaria. Si el gasto corriente disminuye en ¢35.000 millones, habrá menos becas, dicen los centros de educación superior. Ni por asomo mencionan los salarios y transferencias, que también son gasto corriente. Esos rubros están a salvo y no se discute la posibilidad de frenar, a sus expensas, los gastos corrientes.

Si los estudiantes quieren defender las becas a mediano y largo plazo, sus esfuerzos deberían orientarse a exigir la racionalización del gasto y el fin de los privilegios, en lugar de dejarse manipular para preservarlos.

Si hay ¢35.000 millones menos, saldrán de las becas ¡y punto! La consigna es eficaz para incitar protestas estudiantiles. Los alumnos creen defender las becas, pero en realidad luchan por preservar privilegios ya denunciados como insostenibles y ruinosos por los propios rectores.

La inversión de la Universidad de Costa Rica en “vida estudiantil” apenas ronda el 6 % del dinero recibido del FEES. Ese rubro incluye todos los servicios brindados a los alumnos, entre ellos las becas. Estas últimas representan una fracción del presupuesto y no tendrían razón para verse afectadas si no fuera porque las autoridades universitarias están dispuestas a sacrificarlas, junto con la infraestructura, para preservar los beneficios salariales.

Si las universidades mantienen esa política, las becas están condenadas a desaparecer, no porque los diputados destinen parte del FEES a infraestructura, sino porque ninguna suma alcanza para satisfacer el creciente gasto en remuneraciones. Este año, los centros de estudios superiores estatales elevaron las partidas para sueldos y pluses hasta en un 6 %. Los aumentos salariales superarán en mucho la inflación y rebasarán el incremento del FEES.

La Universidad Nacional ya admitió que en el 2028 el presupuesto solo le alcanzará para remuneraciones. En ese momento no habrá dinero para becas y tampoco para suministros esenciales, no porque los diputados lo decidan, sino por las malas decisiones de la administración, incorporadas a las convenciones colectivas. A lo largo de la próxima década, la administración se verá obligada a recortar paulatinamente otros gastos si pretende preservar la naturaleza “sagrada” de las remuneraciones.

La alternativa —un aumento ilimitado y constante del presupuesto, a la medida del gasto creciente— es imposible. Si las universidades reclaman una tajada mayor de los fondos dedicados a la educación, será a costa del resto del sistema educativo. Es una injusticia impensable. La única otra salida es aumentar el porcentaje del PIB dedicado a la educación superior. Una locura incosteable.

El rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, comprende el dilema y planteó una acción de inconstitucionalidad contra la cláusula 185 de la convención colectiva que impide denunciarla unilateralmente. La disposición eterniza los privilegios porque el sindicato nunca consentirá limitarlos. En ese escenario, el país no tiene más remedio que contemplar cómo la burocracia devora los fondos públicos destinados a la educación superior, incluidas las becas.

En la Asamblea Legislativa, Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional, afirmó que si las universidades no acaban con los privilegios, los privilegios acabarán con la autonomía universitaria, y Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, ha planteado la necesidad de reformar las anualidades. Si los estudiantes quieren defender las becas a mediano y largo plazo, sus esfuerzos deberían orientarse a exigir la racionalización del gasto y el fin de los privilegios, en lugar de dejarse manipular para preservarlos.