En las últimas semanas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha sido fuente de malas noticias. Cuando no son las debilidades financieras del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y la urgencia de reformarlo, los titulares reflejan las huelgas casi trimestrales de los funcionarios o la reticencia a acatar las normas de control de gasto aprobadas por la Asamblea Legislativa. Ahora, se suma otra mala nueva, muy preocupante: el sistema informático utilizado para manejar las planillas está a la buena de Dios.
Debido a la necesidad de restringir el crecimiento improcedente de la planilla por los denominados pluses salariales, el presidente de la institución, Román Macaya, dijo necesitar veinte meses para hacer el ajuste informático correspondiente. Sus técnicos no creen posible ejecutarlo antes de marzo del 2021.
El acuerdo para poner fin a la huelga estipula que los funcionarios, unos 57.000 en la actualidad, seguirán recibiendo los pluses como si nada hubiera pasado en el plano legal mientras los tribunales resuelven un proceso de lesividad planteado por el gobierno. Si luego del largo trámite la decisión es cumplir la ley como lo hará el resto del sector público, esperamos que la CCSS no pida, otra vez, los 20 meses para ejecutar lo ordenado por los jueces.
De todas maneras, la excusa informática planteada antes del acuerdo suscita muchas dudas. Que se trate de miles de asalariados no tiene nada que ver con el software, pues el cambio es el mismo si son diez o cien empleados. El problema es que, según Macaya, “solo cuatro funcionarios de la entidad, próximos a jubilarse, dominan el lenguaje de programación sobre el que está sustentado el sistema actual de pago de salarios”. Es decir, cuatro funcionarios tienen prácticamente en sus manos la entidad y, si optan por el retiro próximamente, nadie sabrá cómo opera la “lógica” de la planilla institucional.
Las mejores prácticas exigen documentar los programas y procedimientos de conformidad con criterios técnicos para no depender de unos pocos empleados. El departamento debe contar con un plan de contingencias para afrontar anomalías que nadie detectaría oportunamente. Estamos, sin duda, frente a una enorme deficiencia técnica de la CCSS, creada para administrar la seguridad social del país, pero, con demasiada frecuencia, asociada con la inseguridad, entre otras razones, por sus largas filas de espera, cirugías pospuestas y pacientes sin alimentación a consecuencia de huelgas. La falta de seguridad informática agrava el problema.
Los sistemas informáticos de la CCSS no son tan amigables como deben ser y hasta incluir una empleada doméstica constituye un problema para los patronos. Pero un subsistema indispensable como el de la planilla institucional, en la cual el costo del error será muy alto dada la gran cantidad de empleados, no debe estar tan huérfano, como lo describe el presidente ejecutivo. Los veinte meses supuestamente necesarios para hacer un cambio en el manejo de la planilla son un hecho digno de la más grande preocupación.
En la CCSS, como en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva),entre otras entidades, la cuota de poder de los trabajadores es demasiado grande y las juntas directivas carecen de suficiente autoridad. No es posible que administren voluminosos recursos de la ciudadanía con tan poco criterio técnico. Sumados, sus presupuestos no difieren mucho del nacional, a cargo del Ministerio de Hacienda.
La CCSS debe moverse con rapidez, no sea que cuando fallen los tribunales, los cuatro funcionarios conocedores del secreto procedimiento para corregir las deficiencias informáticas alegadas hayan dejado de laborar para la entidad y estén disfrutando de la pensión. También le convendría asesorarse con otras instituciones donde el problema ni siquiera se planteó.