1 octubre

José Manuel Sáenz, nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, se propuso recopilar un portafolio de proyectos para someterlo a consideración de inversionistas en busca de oportunidades. La idea es recuperar una práctica perdida en el tiempo. Ya el Estado admite la iniciativa privada en la formulación de propuestas para construir infraestructura, pero, hasta ahora, lo usual ha sido la invitación del gobierno a participar en la ejecución de determinadas obras, planteadas caso por caso.

El gobierno proyecta compensar las deficiencias mediante la contratación de expertos, caso por caso, con fondos provenientes de la cooperación internacional.

La idea de ofrecer un inventario de proyectos, evaluados antes por la administración, sirve al doble propósito de construir obras necesarias para el país y atraer inversión. Para ampliar las posibilidades, Sáenz propone incluir en la lista también aquellas no relacionadas con la infraestructura vial.

La utilización del modelo de concesión y, en general, las alianzas público-privadas representan la única posibilidad de satisfacer las necesidades del país en materia de infraestructura, no solo cuando se trata de carreteras. En recientes declaraciones a la prensa, el secretario técnico demostró comprensión de las limitaciones de las finanzas públicas y la urgencia de emplear el instrumento a su cargo más allá de las vías estatales.

Ese realismo, acompañado de un impulso renovador, suscita esperanzas de concreción de obras cuya necesidad es evidente desde hace muchos años. Sin embargo, el mismo realismo deja al descubierto las deficiencias del Consejo Nacional de Concesiones, institución “venida a menos”, en palabras de su jerarca.

El debilitamiento del Consejo no sorprende. Nunca tuvo la fortaleza requerida para un desempeño óptimo y, para empeorar su situación, la demagogia no tardó en aprovechar todo argumento para desprestigiar las concesiones. Los ejemplos abundan. En más de una oportunidad, el país prefirió renunciar a obras de capital importancia asiéndose, cuando mucho, a la mera ilusión de soluciones mágicas.

Los críticos de las concesiones ofrecieron obras mejores y más baratas; sin embargo, pasan los años y no se ha visto un solo kilómetro de construcción. Peor todavía, funcionarios de alto nivel han comenzado a admitir que las carreteras resultarán mucho más caras, así como los peajes para financiarlas en ausencia de fondos suficientes en las arcas del Estado.

Eso sí, el debilitamiento del Consejo no implica la moderación de su planilla administrativa, según se desprende de las declaraciones de Sáenz. La institución tiene una amplia estructura burocrática, mas la esencial, la parte operativa, carece de recursos. La institución debe ser “pequeña, pero ágil”, dice el secretario técnico.

Por lo pronto, esa no pasa de ser una aspiración. Solo 9 de los 54 funcionarios son técnicos. Los demás son empleados administrativos. Es una estructura absurda en cualquier caso, sobre todo, en una institución con las funciones del Consejo. Las concesiones son contratos complejos, cuya revisión y aprobación exige recursos especializados. Toda empresa constructora de grandes proyectos goza de decenas de empleados calificados y un número reducido, cuanto menos posible, de personal administrativo. El acento, en todas partes, menos en el Consejo, se pone en las operaciones.

El gobierno proyecta compensar las deficiencias mediante la contratación de expertos, caso por caso, con fondos provenientes de la cooperación internacional. Visto el déficit de infraestructura y la urgencia de desarrollarla, así como la dificultad de hacer reformas institucionales de fondo, la idea es comprensible, pero no soluciona el problema. Más bien sirve para posponer la reforma, a todas luces, necesaria.