Costa Rica está expuesta a emergencias por vientos huracanados, lluvias torrenciales, deslizamiento de tierras y terremotos, entre otros eventos. La acción del gobierno debe centrarse en la prevención de daños, como primera medida, para reducir la severidad de las consecuencias. Queda mucho por hacer para impedir la construcción en terrenos expuestos a deslaves y aludes, ajustar las obras a las normas de construcción y exigir los permisos oficiales, entre otras acciones precautorias. Pero también es necesario atender con rapidez los sucesos inevitables.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tiene esa labor a su cargo y, año tras año, en varios sitios del país, debe actuar para minimizar la destrucción y reparar las obras físicas —puentes, carreteras, edificios públicos— afectadas por los fenómenos naturales. Como es difícil prever las necesidades y la celeridad en la reacción es esencial, las restauraciones no deben estar sometidas a los procesos típicos de contratación administrativa, licitados competitivamente, mas tampoco debe procederse con descuido porque la negligencia facilita la corrupción.
La Contraloría General de la República (CGR) analizó la actuación de la CNE entre el primero de enero del 2013 y el 30 de marzo del 2019, en 48 proyectos ubicados en 21 cantones, y encontró debilidades urgidas de corrección.
Según la CGR, la reconstrucción fue llevada a cabo sin mecanismos para asegurar la calidad y oportunidad de las obras, antes y después de la ejecución. En 11 de los 48 proyectos, el costo promedio aumentó en un 44 % con respecto a lo calculado inicialmente y reservado en el Fondo Nacional de Emergencias. Esa desviación sería justificada en muchos casos porque en esta materia es difícil identificar todas las secuelas de los desastres naturales. Sin embargo, si las operaciones se documentan como procede y dicta la lógica elemental, la estimación del trabajo debió ser precisa y el costo, también. Si más adelante se detectara la existencia de destrucciones adicionales, el costo de las reconstrucciones quedaría debidamente acreditado.
Asimismo, la CGR determinó que en 42 de los 48 proyectos se tardó, en promedio, 7,8 meses más de lo previsto. Según la Contraloría, a lo anterior “se suma el uso incorrecto del cuaderno de bitácora en 47 casos, la ausencia de informes de inspección de la unidad ejecutora en 12 de ellos y 2 recepciones de obra sin sujetarse a los términos de contratación”.
El jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, afirma que las deficiencias observadas se produjeron antes de su ingreso a la institución; sin embargo, no estaría de más demostrar que en las obras emprendidas en lo que va de su gestión ninguna las presenta. En atención a lo señalado por la CGR, Solís afirmó que incorporó profesionales en gestión y manejo de proyectos, con especialidad en riesgo de desastres, así como abogados y expertos en documentar estos asuntos para llevar un control preciso de avance.
Las medidas tomadas son buenas. Lo malo es que en la Administración Pública se repitan una y otra vez hechos como los determinados por la Contraloría y los jerarcas opten por culpar a sus antecesores sin institucionalizar las decisiones para racionalizar los procesos de contratación y seguimiento de obras. En consecuencia, no hay garantía de la corrección de las deficiencias, las cuales representan un alto costo para las finanzas públicas y hasta podrían crear oportunidades para la corrupción. Cada nueva administración, cada nuevo jerarca, constituye una sorpresa.
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