EscucharEl Régimen No Contributivo de pensiones (RNC) paga ¢82.000 mensuales a 122.000 adultos mayores sin acceso a otros sistemas de jubilación. A falta de ese dinero, los beneficiarios no tendrían ingreso alguno. Otros 4.000 dependientes del sistema son discapacitados y reciben ¢300.000 mensuales. El RNC es la última malla protectora del sistema de seguridad social, pero la pandemia pone sus fuentes de financiamiento en peligro y ya las autoridades plantearon la necesidad de congelar la aprobación de nuevos beneficios.
Cuando los diputados impusieron el 1 % de impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la canasta básica, acordaron invertir el 15 % de lo recaudado en pensiones no contributivas. Lo convenido satisfizo a quienes se oponían con alegatos populistas y a quienes entendían el pequeño tributo como una forma de garantizar la trazabilidad de las transacciones para evitar la evasión, no solo del impuesto sobre las ventas, sino también del de renta.
Pero el gobierno y un sector de los diputados estuvieron dispuestos a abandonar ambos beneficios con la posposición del 1 % del IVA sobre la canasta básica durante un año. Para salvar los ingresos, la administración propuso gravar el salario escolar con el impuesto sobre la renta. Esa solución habría roto la cadena del IVA, dando al traste con la función de permitir la trazabilidad. Además, no habría quedado clara la permanencia del acuerdo de invertir el 15 % de lo recaudado en pensiones para los más necesitados, porque ese convenio se forjó en torno al IVA no a los réditos del gravamen al salario escolar.
La suspensión habría sido otra excepción a las normas aprobadas para evitar las peores consecuencias de la crisis fiscal. No es buen momento para transitar en esa dirección, vista la gravedad de la situación hacendaria y las consecuencias de volver a dar marcha atrás a un elemento de la reforma del 2018, luego de lo ocurrido con la exoneración de la regla fiscal para las municipalidades.
La lucha contra la evasión de los impuestos sobre el valor agregado y la renta, el financiamiento del Régimen No Contributivo de pensiones y la fidelidad a lo prometido en el 2018, cuando el Congreso aprobó la reforma fiscal, son razones de sobra para celebrar que la posposición del 1 % del IVA sobre la canasta básica no prosperara. No obstante, los legisladores parecen decididos a adoptar la medida aunque sea durante seis meses y dispensaron de trámites un proyecto de ley para lograrlo.
No importa la suerte que corra esa iniciativa, nada justifica la exención del salario escolar del impuesto sobre la renta. No hace mucho la Sala Constitucional despejó cualquier duda sobre la naturaleza de ese ingreso y, a la luz de su caracterización como salario, la exención resulta completamente discriminatoria en relación con los trabajadores del sector privado. Asimismo, la propuesta es gravar el salario escolar según la escala del impuesto sobre la renta, con lo cual quedan excluidos los empleados públicos de menos ingresos.
El motivo del gravamen no debe ser la reposición de los ingresos faltantes debido al aplazamiento del IVA, sino la inexistencia de razones para justificar la exoneración. El salario escolar se les paga a todos los funcionarios, no importa si tienen dependientes matriculados en el sistema educativo. Es un beneficio más concedido a un sector público intocable aun en tiempos de pandemia. Gravarlo con el impuesto sobre la renta es una mínima contribución de los funcionarios de más ingresos en este momento de emergencia nacional, cuando tantos han perdido su trabajo o han visto caer sus ingresos.
La vinculación del impuesto al salario escolar con la posposición del IVA fue un desacierto. Por fortuna, el presidente, Carlos Alvarado, afirmó su intención de seguir adelante con la eliminación de la exoneración aun cuando parecía que la cuestión acerca del IVA había quedado resuelta por inercia. Con más razón ahora que la posposición del impuesto parece probable. Es cuestión de justicia.
