12 octubre

El último día de setiembre y en los primeros de este mes Perú se precipitó en una profunda crisis político-institucional. Surgió de un choque definitivo entre el presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso, dominado por una oposición obstruccionista, que condujo, en medio de múltiples y aceleradas incidencias, a la disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.

Lo sorprendente no es el enfrentamiento porque, de hecho se presagiaba, sino que, al menos hasta ahora, se haya desarrollado inmerso en una gran tranquilidad. La esperanza es que su evolución continúe de esa manera y se logre resolver de un modo que garantice la continuidad de las normas democráticas, la paz social y la gobernabilidad en el futuro.

Desde que en las elecciones generales del 2016 el economista Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori por mínima ventaja, y el partido de esta, Fuerza Popular (FP), obtuvo una abrumadora mayoría en el Congreso, el proceso de confrontación comenzó a gestarse. Keiko, hija del exdictador Alberto Fujimori, y sus aliados adoptaron como principal estrategia entorpecer el desempeño del presidente.

El trasfondo se complicó al destaparse poco después, como en muchos otros países latinoamericanos, el megaescándalo de corrupción en el que está implicada la constructora brasileña Odebrecht. En vista de la inminencia de un proceso legislativo para destituirlo, Kuczynski renunció y fue sustituido por Vizcarra, su vicepresidente. Hoy, está en prisión domiciliaria mientras se lleva a cabo el juicio por la presunta recepción de sobornos cuando fue ministro. Pero el escándalo terminó envolviendo a casi todas las grandes figuras políticas del país. Dos expresidentes —Alejandro Toledo y Ollanta Umala— también aguardan procesos judiciales; un tercero, Alan García, se suicidó antes de ser apresado; y Keiko Fujimori está en prisión preventiva. La corrupción se le atribuye, asimismo, a una enorme cantidad de diputados, particularmente del FP.

Al asumir el cargo de presidente, en marzo del pasado año, tras la salida de Kuczynski, Vizcarra, su vice, tomó la decisión de combatir la corrupción y, como parte de esa misión, promover cambios institucionales en Perú, sobre todo, modificar la forma de seleccionar a los magistrados, cuya probidad ha sido severamente cuestionada, y con razón. Estas medidas condujeron a un enfrentamiento directo con la mayoría fujimorista en el Congreso, que se negó a considerar una reforma legislativa para modificar los procesos de nombramiento. Vizcarra tomó esa decisión como un voto de desconfianza y, sobre esta polémica interpretación, procedió a disolver el Congreso, invocando un artículo constitucional que autoriza a hacerlo cuando se da un voto de desconfianza o censura contra el mandatario.

Su decisión tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía. También parece contar con un gran apoyo popular. Además, más allá de su interpretación de la Constitución, la cual deberá ser dilucidada en instancias judiciales, Vizcarra ha seguido los procedimientos establecidos en ella, principalmente, para convocar elecciones legislativas adelantadas. Más aún, no ha suspendido ninguna otra autoridad, ni dado muestra alguna de querer asumir un control del poder fuera del que compete a sus funciones. Por esto, la situación peruana actual dista mucho de lo sucedido en 1992, cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso y detentó el poder, lo cual condujo a una virtual dictadura.

En lo inmediato, el gran desafío es evitar que la confrontación escale y ponga en riesgo la democracia. A mediano plazo, sin embargo, lo que está de por medio es mucho más trascendental: si la crisis, hasta ahora pacífica, conducirá a una real renovación de la política y sus actores, así como a reformas institucionales profundas, o si, después de las próximas elecciones, simplemente reproducirá los males que condujeron a la situación actual. Es prematuro hacer predicciones, pero, de momento, la oportunidad existe, y dependerá de los políticos sanos y de los ciudadanos convertirla en hechos tangibles.