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El 20 de enero del 2011, el entonces superintendente de pensiones Édgar Robles acusó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de “maquillar” las cifras del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para darle apariencia de sostenibilidad. Lo hizo cara a cara con el actuario de la Caja ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Para entonces, Robles llevaba años luchando por tener acceso a los datos del sistema de pensiones más importante del país, a pesar de lo cual no podía ser supervisado, según la Caja, en virtud de la autonomía institucional. Ahora, la propia entidad anuncia, con completa autonomía, que Robles tenía razón y a los asegurados les corresponde sufrir las consecuencias porque los responsables ya no están y, en cualquier caso, los altos niveles de la administración pública operan con impunidad para sus errores y omisiones.

Frente a Robles y los diputados, Luis Guillermo López, director actuarial de la Caja, afirmó que las reservas del régimen estaban creciendo y había garantía de sostenibilidad por tres décadas, si no cuatro. En consecuencia, negó la necesidad de reformar el IVM según las sugerencias de la Superintendencia. La Caja esgrimía sus propios estudios actuariales y una deficiente revisión encargada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la esperanza de acallar las críticas y aquietar a la opinión pública.

Robles disertó a partir de los datos a su alcance y denunció la irrealidad de los supuestos utilizados en los estudios actuariales de la Caja y la OIT. Según el superintendente, un trabajador con ¢357.680 de salario promedio debía pensionarse a los 72 años para mantener al régimen en números negros. Solo con salarios superiores a ¢3,5 millones era posible mantener las reglas del sistema, incluida la pensión a los 64 años, sin caer en un régimen deficitario, pero apenas cuatro de cada mil trabajadores cotizaban por esa suma o más.

Un trabajador promedio aportaba a lo largo de su vida laboral ¢23,9 millones de capital y recibía más de ¢41 millones en beneficios, es decir, un 41,6 % más. Los problemas de diseño del sistema eran obvios, decía Robles, pero no fue el primero en notarlo. Para entender cómo se habían hecho evidentes años atrás basta leer la exposición de motivos de la Ley de Protección al Trabajador, del 2000.

En los años siguientes a la memorable comparecencia ante el Congreso, la Caja osciló entre la negación y el reconocimiento parcial. Ahora, anuncia problemas de solvencia a partir del 2021, cuando los aportes de 1,7 millones de trabajadores y 88.000 patronos serán insuficientes para pagar unas 281.000 pensiones y se echará mano a los intereses generados por la reserva.

Nueve años más tarde, comenzará el proceso de disminución de la reserva, que se agotará en el 2037. Así lo dice el informe rendido en julio del 2019 por la propia Dirección Actuarial de la Caja. Pero ya en el 2015, y aun antes, informábamos del uso de intereses generados por el régimen para pagar pensiones y aguinaldos. “Así se sacrifica el crecimiento del fondo y se le resta solidez”, comentaba nuestro editorial del 27 de junio de ese año.

En esa fecha, añadíamos: “La tan postergada reforma del régimen se hace urgente e inevitable, pero exige valentía porque no hay opciones populares… y, en la administración pasada, su sola mención suscitaba airadas respuestas de la Caja, protestas de solidez del IVM y negación de sus principales problemas”. Ahora, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la institución, advierte que “No tenemos mucho tiempo para reformar el IVM”. Más vale tarde que nunca, dice el refrán, pero la tardanza no dejará de tener costos para los pensionados.