EscucharLa banca estatal cambió favorablemente para los usuarios cuando comenzó a competir con entidades privadas. Las largas colas y el “tortuguismo” con que sus sindicatos solían acompañar demandas salariales y de otro tipo, prácticamente desaparecieron con la exposición a la competencia, que –dicho sea de paso– es la mejor protectora de los consumidores.
Con el paso del tiempo, los funcionarios de la banca estatal demandaron y obtuvieron remuneraciones comparables con las de su contraparte privada, argumentando la necesidad de atraer y mantener buena calidad de recurso humano. Algo parecido ocurrió en el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros, pero las condiciones en el sector privado no son las mismas. La estabilidad en la banca pública es superior y hay otras importantes diferencias que es menester tener en cuenta.
Por ley, los bancos públicos cuentan con “la garantía y más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones” (art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional). Además, el Estado y las entidades y empresas públicas “solo podrán efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos comerciales del Estado” (art. 66). Esto da una enorme ventaja a la banca comercial pública sobre su contraparte privada.
En materia de concesión de crédito, “la asunción de algún margen de riesgo comercial no será hecho generador de responsabilidad personal” (art. 27) en el tanto no se haya actuado con dolo, culpa o negligencia. Esto es razonable, pues toda operación de crédito implica asumir cierto riesgo. Por eso se cobra una prima en las tasas de interés activas.
Sin embargo, la experiencia reciente muestra créditos por altos montos, concedidos por la banca estatal, cuyas serias deficiencias obligan a crear provisiones por sumas igualmente elevadas, lo cual disminuye sensiblemente las utilidades de dichos bancos. El miércoles informamos de dos situaciones de este tipo: “Nacional obligado a reservar $20 millones por crédito riesgoso” y “Gerente y exgerente del BCR defienden crédito a empresa”. Días antes habíamos informado de créditos fallidos a Sinocem y a la empresa Yanber.
Conviene preguntarse, entonces, si el equipo humano a cargo de la concesión y recuperación de créditos en los bancos públicos tiene una calidad profesional compatible con el nivel de remuneración recibida, si sus intereses personales están alineados con los de la entidad y si sobre ellos se ejerce la supervisión necesaria.
Los bancos públicos no fueron creados para repartir parte importante de sus utilidades entre su personal, ni tampoco para perder recursos públicos en operaciones fallidas. Los comités de crédito y las unidades encargadas de formalizar y documentar las operaciones deben actuar con gran profesionalismo y sus supervisores inmediatos (entre ellos la gerencia general, la junta directiva y la auditoría interna) deben actuar con gran celo, pues es mucho lo que está en juego.
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Son muchas las enseñanzas de estas experiencias adversas. Es necesario revisar y adoptar como norma las mejores prácticas de gobierno corporativo y exigir una periódica rendición de cuentas a los representantes de la ciudadanía en los diversos cargos de las entidades públicas, desde juntas directivas, gerencias y comités técnicos hasta los cargos de inferior nivel. Lo inadmisible es permitirles operar en condiciones donde sea posible aprovechar lo mejor de los mundos: jugosas remuneraciones y beneficios a cambio de poca exigencia social.
