La credibilidad de las autoridades universitarias sufrió grave daño durante la pugna por la clasificación de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); sin embargo, el deterioro de la confianza tiene motivos adicionales a la manipulación desplegada para ejercer presión sobre el gobierno.
Una sociedad cada vez más educada y escéptica no recibe, como antaño, la palabra de los centros de educación superior como dictado del Olimpo. Tampoco mantiene los ojos cerrados ante los excesos salariales y privilegios en las instituciones públicas, incluidas las universidades. Contrario a la presunción de una profesora, el sector privado no es el hábitat de personas sin estudios dispuestas a trabajar por menos del salario mínimo.
Los propios rectores se han visto obligados a admitir la insostenibilidad de los privilegios, al menos algunos de ellos, y saben que el tiempo se les está acabando. Pronto, el crecimiento de los beneficios superará los recursos disponibles y va a ser difícil justificar aumentos.
Hace unas semanas, los rectores sonaron la alarma por la supuesta afectación de las becas, la regionalización, la investigación, los proyectos en comunidades y la oferta académica, pero ni una sola vez mencionaron las remuneraciones abusivas, verdaderas causantes de una inevitable crisis financiera.
Conseguido el acuerdo con el gobierno, se vieron obligados a reconocer que las becas nunca estuvieron en peligro, y uno de ellos admitió “un sesgo alevoso” en las informaciones transmitidas a los estudiantes y lo atribuyó a “cabezas calientes” no identificadas. No obstante, los temores infundados fueron difundidos en un comunicado del Consejo Nacional de Rectores (Conare), fechado el 17 de octubre.
Las declaraciones están grabadas y el comunicado existe, pero los rectores insisten en disimularlos, así como su participación en el llamado a la marcha, y se empeñan en decir que fue una iniciativa estudiantil. Omiten señalar su llamado expreso a participar, el otorgamiento de un permiso a los manifestantes, la invocación oficial de las becas y otros programas que nunca estuvieron en peligro y su conocimiento previo de la solución finalmente alcanzada, como lo demuestra la comunicación electrónica de, por lo menos, uno de ellos con sus estudiantes y los propios hechos del día de la marcha.
Lejos de llamar a una pausa mientras conversaban con el gobierno sobre la solución en ciernes, los rectores llamaron a la manifestación. Así, acallaban las críticas de activistas disconformes con el acuerdo firmado por ellos para destinar ¢70.000 millones del FEES a gastos de capital. En vísperas de la marcha, el Congreso había reducido la suma a ¢35.000 millones, y los rectores ya tenían idea de las partidas que podían reclasificar para alcanzar ese monto de gastos de capital, pero mantuvieron el entusiasmo por la manifestación para “salvar las becas” y, en poco tiempo, salieron con un acuerdo de la Casa Presidencial.
Ahora, resulta que los rectores apenas se sumaron a una marcha convocada por los estudiantes, entre ellos cabezas calientes que mintieron con “alevosía” sobre el peligro para las becas y consiguieron, como por arte de magia, un acuerdo con la presidencia de la República sobre la inversión de ¢35.000 millones.
Nos perdonarán los líderes académicos la incredulidad, compartida, entre otros por los órganos deliberativos de la Universidad Nacional, cuyas tesis difieren por completo de las nuestras, salvo en señalar la falta de claridad, en su caso, del rector de ese centro de estudios cuya renuncia fue solicitada por la Asamblea de Representantes.
La cuasipasividad de los rectores en relación con la marcha del 22 de octubre, dicho sea de paso, contrasta con el quinto considerando del acuerdo adoptado por la asamblea universitaria: “…el rector en su intervención en la Asamblea de Representantes del 25 de setiembre planteó la necesidad de prepararnos para salir a defender el FEES”.
Tampoco contribuye a preservar la credibilidad de las universidades el intento de impedir el examen de los incidentes de acoso sexual y la oposición a revelar detalles de los expedientes mediante los cuales, sin lugar a dudas, el país constatará la desproporción entre las faltas y las levísimas sanciones.
En nada ayuda la carta firmada por altas autoridades académicas de la Universidad de Costa Rica para exigir el cambio de rumbo del Semanario Universidad, donde se publicó el primer caso de acoso, un asunto todavía pendiente de profundización. Peor todavía, para quienes constantemente invocan las libertades de cátedra y expresión, es el golpe asestado a la libertad de prensa por la petición de orientar el medio hacia la difusión de informaciones más amigables para la casa de estudios.
Cuando a la sociedad costarricense se le plantea la importancia de preservar las pintas del edificio de Ciencias Sociales para que “las paredes lloren” en conmemoración de una protesta convocada para la defensa de beneficios que nunca estuvieron en peligro, inevitablemente, sufre la credibilidad de las universidades.