Las autoridades de salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confiesan la necesidad de acelerar la preparación del país para atender las demencias, de las cuales el alzhéimer (60 %) y la vascular (20 %) son las más comunes. Como es de suponer, la pandemia crece de la mano del rápido envejecimiento de la población.
El 12 % de los habitantes de Costa Rica son adultos mayores y la cifra se duplicará durante la próxima década; sin embargo, hasta el 2012, el registro anual de demencias no superaba un par de decenas debido a la falta de diagnósticos, según el gerente médico de la CCSS, Mario Ruiz Cubillo.
Mucho ha cambiado en los seis años transcurridos, mas no lo suficiente para dar el problema por bien atendido. Si el diagnóstico es un área de rezago, con más razón ha de presumirse, como en efecto ocurre, la ausencia de programas de apoyo para las familias y cuidadores.
La demencia es una enfermedad exigente económica y emocionalmente. Los pacientes desarrollan, en muchas ocasiones, una enorme dependencia. Prueba de la falta de preparación del sistema nacional de salud para apoyar los esfuerzos de quienes se encargan de los enfermos es la precipitada apertura de cursos de capacitación para responder a la demanda en el Hospital San Rafael de Alajuela.
Los expertos elogian el empeño, como las nueve clínicas de la memoria abiertas en los últimos doce años, e insisten en que el país está a tiempo para enfrentar el problema. También celebran la paulatina solución de las deficiencias de diagnóstico porque la detección temprana permite posponer la aparición de los padecimientos más serios, aunque no existe cura.
Ojalá los responsables del sector comprendan la urgencia de incorporar la salud mental a otras previsiones indispensables. La planificación y adaptación del sistema de salud a las necesidades de una población envejecida está en discusión desde que los demógrafos comenzaron a insistir con más ahínco en la paulatina inversión de la pirámide poblacional.
La salud mental siempre fue un flanco débil del sistema nacional de atención, no solo en el caso de las demencias relacionadas con el envejecimiento. Los programas de rehabilitación para consumidores de drogas son escasos y males comunes, como la depresión, se atienden con presupuestos reducidos. Un reciente informe de la Gerencia de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República señaló la falta de políticas para enfrentar el suicidio, cuya tasa aumentó de 25,2 a 37,9 por cada 100.000 habitantes entre el 2014 y el 2018.
Los departamentos de psicología y psiquiatría a menudo llegan tarde a la distribución de presupuestos y tampoco la geriatría está entre las especialidades favorecidas. El país sigue formando pediatras a mayor ritmo, cuando las tendencias demográficas aconsejarían acelerar la graduación de especialistas en atención de la vejez.
La CCSS desarrolla un proyecto conjunto con las municipalidades para apoyar la rehabilitación y abrir clínicas de la memoria en las comunidades. También impulsa la promoción de programas para el envejecimiento saludable. En el Ministerio de Salud, los encargados procuran reestructurar el área de salud mental, descentralizarla, coordinar mejor con el Hospital Nacional Psiquiátrico y otros centros de salud, y mejorar la mala ejecución presupuestaria de años recientes. Todas son iniciativas encomiables, pero la cambiante realidad exige un esfuerzo coordinado y sentido de urgencia.