El déficit del Gobierno Central es un serio problema, no de naturaleza teórica, sino práctica. Que el gasto de consumo en sueldos, materiales y suministros, viajes, viáticos, transferencias, etc. supere los ingresos por impuestos, incrementa el endeudamiento año tras año, eleva el pago de intereses y desplaza más y más renglones del gasto público necesario.
En principio, si el Gobierno se endeuda para construir obra física de interés nacional, como carreteras, puertos y edificios escolares, la situación no se torna necesariamente crítica porque, así como queda una deuda, hay activos productivos para respaldarla, como ocurre cuando una familia se endeuda para construir o comprar vivienda.
Pero nuestro Gobierno Central se endeuda para financiar gasto de consumo y, desde hace años, el pago anual de intereses supera los montos dedicados a inversión. Actualmente, la relación es de casi dos a uno, pero conforme el endeudamiento crezca y la calificación de riesgo soberano continúe deteriorándose, los intereses absorberán más y más partidas de gasto público.
Uno de los renglones de gasto pospuestos por el Gobierno Central es el de las contribuciones, como patrono y como Estado, a los regímenes administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): el seguro de enfermedad y maternidad (SEM) y el de invalidez, vejez y muerte (IVM). La Caja, cuyas finanzas son muy ajustadas, con mayores problemas previsibles en el futuro, se queja, con razón, de los patronos y trabajadores atrasados en el pago de sus contribuciones a la seguridad social, pero es más discreta cuando el moroso es su mayor contribuyente: el Estado.
Como recientemente informamos, la deuda del gobierno con la CCSS se ha elevado de manera notable en el transcurso de los últimos tres años. Es preocupante porque constituye un riesgo cuasifiscal. Si la seguridad social entra en dificultades financieras, el gobierno se verá obligado a apoyarla.
Por otro lado, como la contabilidad utilizada para el cómputo del déficit fiscal, tanto el financiero como el primario, es basado en caja, y no en devengado, si el Ministerio de Hacienda no le gira a la CCSS los fondos debidos, el Gobierno muestra un déficit más bajo que el verdadero. Si el Gobierno hubiera cumplido con la Caja en los últimos años, sus déficit habrían sido superiores a los reportados.
Desde el punto de vista de las finanzas públicas consolidadas, las sumas que el gobierno no le paga a la Caja dejan de ser ingreso para ella. Lo ganado por el Gobierno Central lo pierde la Caja y el resultado consolidado queda igual, pues opera una compensación. Sin embargo, las obligaciones deben reflejarse donde corresponde, en este caso, el Gobierno Central.
La mala atención de los compromisos del Gobierno con la Caja no es nueva. En abril del 2016, por ejemplo, se firmó el último arreglo de pago. Sin embargo, el pago de $420 millones no se hizo con recursos corrientes, sino con un préstamo del Banco Mundial. Es decir, se hizo un cambio de acreedor.
Las débiles finanzas del Gobierno y de la CCSS llaman a tomar acciones correctivas inmediatas, incluido el control de gastos en una y otra parte, así como el aumento de los ingresos corrientes. Pero también es necesario estimular la reactivación económica, que aumenta el empleo formal, las contribuciones a la Caja y los ingresos por impuestos. Desafortunadamente, en esta materia, las autoridades no han actuado con la celeridad necesaria.