EscucharLos dos candidatos más votados para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia se comprometieron el lunes con la elección abierta del jefe del Ministerio Público, el director del Organismo de Investigación Judicial, la nómina de magistrados suplentes propuesta a la Asamblea Legislativa y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.
Esas votaciones se han hecho en secreto, no porque la ley lo disponga, como en el caso de la presidencia de la Corte, sino porque lo permite. No obstante, la magistrada Patricia Solano, de la Sala III y segunda en la quinta ronda de votaciones del lunes, considera el tema zanjado. “En eso hay una progresividad de los derechos (...). Nadie lo ha discutido. No es un tema de discusión porque ya todos tenemos un consenso”, afirmó.
La progresividad citada por la magistrada hace alusión a la última elección de la cabeza de la Fiscalía. Emilia Navas fue elegida mediante votos emitidos en público. Si bien ese precedente se había citado en apoyo de proceder de igual forma en la próxima elección del jefe del Ministerio Público, no se había hablado de extenderlo a los demás cargos hasta ahora. Según Solano, la elección de Navas en el 2018 “debe abrir el camino a más votaciones públicas”.
El magistrado Luis Fernando Salazar, de la Sala IV, fue el más votado en la última ronda del lunes. También apoya la elección abierta en los casos citados. “Estoy convencido de que el voto público fortalece nuestra democracia, es más transparente y nos acerca al ciudadano”, manifestó. “Donde no esté la disposición legal que exija el voto secreto, como las que usted ha citado, me comprometo a impulsar el voto público”, respondió a preguntas de su compañero de Sala Paul Rueda.
La elección del presidente de la Corte quedó para el lunes entrante porque ningún candidato alcanzó los votos necesarios, pero el compromiso de los aspirantes con más apoyo es buen augurio para dos escogencias de capital importancia, por celebrarse en las próximas semanas.
Si alcanza la presidencia, Salazar promete esforzarse por efectuar la elección del fiscal general en setiembre. El proceso se ha demorado más de un año desde la jubilación de Navas. En un órgano de tanta trascendencia como el Ministerio Público, el interinato crea incertidumbre. Pese a su función técnica y objetiva, la Fiscalía no puede sustraerse por completo de la discusión pública de asuntos de alto perfil y repercusión política. Su cabeza debe actuar con la seguridad del cargo en propiedad.
Además, la Corte Plena pronto deberá pronunciarse sobre la vacante dejada por Luis Antonio Sobrado en el Tribunal Supremo de Elecciones, cuarto poder de la República y piedra angular de la democracia costarricense. La selección de magistrados, en este caso, se relaciona directamente con la confianza de los ciudadanos en los comicios y sus resultados. La transparencia solo puede abonar a esa confianza.
Nada garantiza la elección de uno de los dos candidatos más votados el lunes. Cualquier miembro de la Corte Plena puede postularse a la presidencia y todos parten de cero en la próxima sesión, pero los aspirantes con menos apoyo en el primer intento, como Roxana Chacón y Orlando Aguirre, ambos de la Sala II, coincidieron con Solano y Salazar en la relevancia de abrir las votaciones y plantearon la posibilidad de modificar la ley cuando haya impedimento para votar abiertamente.
El compromiso de la Corte parece consolidado y se suma a la decisión legislativa de eliminar el voto secreto para la elección de magistrados ahora que hay designaciones pendientes en Salas clave, como son la Constitucional y la Tercera, donde se examinan en última instancia los asuntos penales.
