EscucharEl 74 % de los padres y las madres con hijos en el sistema educativo público estiman afectada la formación al menos de uno de sus hijos a consecuencia de los 89 días de huelga continua entre setiembre y diciembre pasados. El 58 % dice haber sufrido “mucho” perjuicio. No sorprende, entonces, el 61 % contrario a las huelgas en el sector educativo y la exigencia de un límite temporal a las protestas en el caso del resto de los consultados. Apenas uno de cada diez está de acuerdo con huelgas extendidas por más de una semana.
Las opiniones vienen de los usuarios del sistema estatal, con exclusión de quienes cuentan con recursos para confiar la educación de sus hijos a instituciones privadas. El 89 % de los participantes en el estudio del Estado de la Educación, programa adscrito al Estado de la Nación, dijo carecer de capacidad económica para pagar escuelas y colegios particulares.
La interrupción parcial o total de los programas de becas y comedores obligó a la cuarta parte de los hogares a desembolsar, en promedio, ¢49.000 al mes. Además, los padres y las madres se vieron en la necesidad de procurar cuidado para los hijos expulsados de las aulas por la protesta.
La huelga y sus excesos consolidaron una corriente de opinión que, en adelante, debe entrar en los cálculos de los sindicatos, y no solo los del sector educativo. Si en los primeros días de huelga grandes sectores de la población les mostraron simpatía, cuando menos en lo tocante al ejercicio del derecho a la huelga, en abstracto, ahora existe una corriente del todo contraria, al menos en el sector educativo y, probablemente, en otros considerados esenciales, sea por la ley o por la opinión pública.
Ese cambio en la valoración de los ciudadanos también debe ser considerado por los legisladores dedicados a reformar las normas vigentes, so pena de divorcio con un sentimiento tan generalizado. Nuestro país respeta y debe seguir respetando el derecho a la huelga, pero el abuso lleva a consecuencias no queridas, como el efecto búmeran demostrado por el estudio del Estado de la Educación y el evidente debilitamiento de los sindicatos a lo largo de la paulatina muerte del movimiento.
Los educadores y otros sindicatos se dejaron atrapar por la dirigencia más radical. Cuando se dieron cuenta, no encontraban salida a la huelga y se enfrascaron en discusiones internas, en oportunidades enconadas. Al final, no hay frutos del empeño. Solo subsiste el daño sufrido por los educandos y el enojo de sus padres. Esto último no debería ser sorpresa porque la impaciencia se notaba en las comunidades mucho antes del fin de la huelga.
Las consecuencias las sufrieron directamente los costarricenses más necesitados. La mayor parte de los entrevistados para el estudio no completó la educación secundaria y el 90 % carece de recursos para pagar tutorías u otros servicios educativos independientes. Sus hijos sufrieron inevitablemente atraso académico. Según el Estado de la Educación, los hogares más humildes soportaron “una interrupción completa del proceso de aprendizaje que difícilmente pueda ser revertida”. El daño se extiende mucho más allá de los tres meses de huelga.
La antipatía de los padres hacia la huelga de educadores nace, sin duda, de las conclusiones más optimistas del estudio. Aun entre las capas de la población con bajo nivel educativo, hay aprecio por los beneficios de la formación y alta estima para los educadores. El 21 % de los entrevistados cambió, para mal, su percepción de los maestros y centros educativos, pero el 62 % conserva la buena opinión previa a la huelga. El 85 % dijo estar satisfecho a muy satisfecho con las instituciones donde se educan sus hijos.
Ese es un capital del sector educativo que no debe ser dilapidado. Desafortunadamente, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), último de los grandes sindicatos en levantar la estéril y dañina huelga, no parece haber aprendido la lección. Su dirigencia celebró estas conclusiones e hizo caso omiso del enojo, que es lo medular de los resultados.
