Editorial

Editorial: Corte internacional anticorrupción

El Club de Madrid, constituido en el 2002 para reunir a exgobernantes y expertos dedicados a analizar los retos de la democracia, anunció la incorporación de 42 expresidentes y ex primeros ministros a la lista de más de 250 personalidades de 75 países que claman por la constitución de una corte internacional contra la corrupción.

La iniciativa reconoce las dificultades enfrentadas por los países y organizaciones civiles cuando actúan individualmente contra este flagelo. La corrupción a menudo se presenta con grandes ramificaciones internacionales.

Las numerosas jurisdicciones y asimetrías de poder dificultan su persecución. Algunos países desarrollados hasta la protegieron a lo largo de la historia como una práctica competitiva más.

La legislación estadounidense para sancionar el pago de sobornos en el extranjero apenas data de los años setenta y el hecho impulsor de la reforma demuestra que la corrupción no solo ocurre en el tercer mundo.

Varios políticos japoneses aceptaron dádivas para influir en la compra de aviones militares fabricados en los Estados Unidos.

El costo de la corrupción, sobre todo en los países más pobres, es enorme. Drena recursos necesarios para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida. El fenómeno no se detiene siquiera ante las circunstancias más apremiantes.

No es necesario ir lejos para constatarlo. Una de las razones de la caída de la dictadura somocista en Nicaragua fue la desviación de los fondos destinados a aliviar las consecuencias del terremoto de 1972. Ahora, en muchos países, los fondos donados para combatir la pandemia de la covid-19 también encontraron otros destinos.

El fenómeno afecta los ingresos gubernamentales tanto como las erogaciones. La recaudación de impuestos disminuye y aumenta el costo de bienes y servicios adquiridos por el Estado, incluidas las grandes obras de infraestructura.

También limita la inversión en otras áreas vitales para el desarrollo, como la salud y la educación. Los efectos se hacen sentir en todos los ámbitos, incluidos los derechos humanos, el cambio climático y la seguridad.

En todos esos campos, las distorsiones creadas por la corrupción interfieren con la adopción de buenas políticas públicas y la inversión requerida para ponerlas en práctica. También elevan el costo de invertir, hacer negocios y atraer inversión extranjera.

Con frecuencia, el objetivo de la corrupción, especialmente de los sobornos, es excluir la competencia de una u otra forma.

A fin de cuentas, el daño más significativo se relaciona directamente con la misión central del Club de Madrid. La confianza de los ciudadanos en la democracia y su identificación con las instituciones necesarias para asegurarla se encuentran entre las principales víctimas de las malas prácticas y abren la puerta a políticos populistas y autoritarios.

Los proponentes de la corte también señalan la importancia de fortalecer el derecho internacional añadiendo a las instituciones encargadas de aplicarlo una nueva jurisdicción, en un área evidentemente descuidada.

Entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Costa Rica es parte, promueven la lucha contra la corrupción y la firma de un tratado entre los países miembros, pero no existe una corte internacional para aplicar la normativa.

Entre los firmantes de la declaración a favor de la constitución de la corte están Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido; Ricardo Lagos, expresidente de Chile; Aminata Touré y Kim Campbell, ex primeras ministras de Senegal y Canadá, respectivamente. También la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, vicepresidenta del Club de Madrid.

Los Países Bajos y Canadá incorporaron la iniciativa a su política exterior, promueven una conferencia de ministros para discutirla y el gobierno holandés invitó a los miembros de la Unión Europea a unirse en el esfuerzo. Costa Rica, como promotora del derecho internacional, bien podría considerarlo.

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