EscucharAunque la prioridad en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la atención oportuna de la pandemia de la covid-19, la entidad debió adoptar en estos días otra decisión trascendental: continuar haciendo uso del servicio de terceros (outsourcing) para la consulta externa de más de 560.000 asegurados de Barva, San Francisco de Dos Ríos, Santa Ana, Escazú, Tibás, Pavas, Desamparados y otras localidades de la Gran Área Metropolitana.
Por acuerdo unánime de los nueve miembros de la Junta Directiva, la institución desistió de “institucionalizar” los servicios brindados por cuatro cooperativas —Coopesiba, Coopesana, Coopesaín y Coopesalud— administradoras de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis). El acuerdo fue adoptado con base en el estudio de una comisión intergerencial que calculó el costo de producir internamente los mismos servicios. La diferencia es entre 30 % y un 60 % más. Según el estudio, las cooperativas hacen el mismo trabajo que haría la CCSS con menos personal y costos inferiores.
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Los servicios de consulta externa son intensivos en el uso del factor trabajo, brindado por profesionales y personal de apoyo. Según sea el caso, ese rubro podría consumir hasta un 70 % del costo total de suplir los servicios. En la CCSS, las cifras son superiores y las cooperativas han demostrado una organización capaz de ofrecer lo mismo, según lo reconoció un miembro de la Junta Directiva.
En términos financieros, el ahorro por recurrir a terceros llegaría hasta los ¢26.000 millones al año, una suma considerable y mucho más ahora cuando la entidad y el sector público deben procurar economizar recursos para atender los gastos extraordinarios de la pandemia.
También mediaron en la decisión de la Junta Directiva otras consideraciones, como la falta de capacidad instalada para suplir los servicios ofrecidos por las cooperativas. En consecuencia, podrían tardar hasta 12 años para asumirlos en su totalidad. La decisión es relevante porque ejemplifica la necesidad de suplir los servicios médicos en condiciones de eficiencia económica. Los recursos financieros disponibles son escasos y reclaman usos alternativos. No es aceptable la producción interna si la compra a terceros es más barata y brinda la misma calidad.
El nombre Caja Costarricense de Seguro Social anuncia que la función más importante de la institución es la recaudación y buen uso de recursos para atender las exigencias de la seguridad social en materia de pensiones y salud. La CCSS no debe estar obligada a actuar como proveedora directa de todos los servicios necesarios, particularmente si —como ahora— la subcontratación de las cooperativas representa un significativo ahorro, sin desmedro de la atención.
Recientemente, la misma Junta Directiva de la CCSS decidió quitar a la Universidad de Iberoamérica (Unibe) la administración de los Ebáis ubicados en el este de la capital, aunque eso obliga a la institución a incurrir en gastos muy superiores, como lo demuestra el estudio, desafortunadamente tardío para el caso de la Unibe. Fue una decisión indebida.
La Caja Costarricense de Seguro Social debe asegurar —en palabras de su gerente general, Roberto Cervantes— la prestación de servicios “de manera oportuna, con calidad y calidez” a la sociedad costarricense que la sostiene financieramente. Y, en ese empeño, debe licitar periódicamente y de manera competitiva el suministro de los servicios y escoger entre los oferentes al que proponga las mejores condiciones.
