La economía costarricense entró en un periodo de bajo crecimiento, y cada vez que el Banco Central efectúa revisiones de su programa macroeconómico se ve obligado a reducir los cálculos. En el primer semestre de este año, el crecimiento real de la economía, según datos del índice mensual de actividad económica (IMAE), fue apenas un 1,6 %, en contraste con el 3,2 % de un año antes.
La reducción de la actividad económica se centra en los emprendimientos del régimen definitivo, no así en las zonas francas, productoras y exportadoras de dispositivos médicos y servicios empresariales, entre otros, cuyo crecimiento ha sido superior al 10 %. La producción agrícola, en particular la piña y el banano de exportación, resultó afectada por las condiciones climáticas y la caída de los precios internacionales, ambos factores fuera del control de las autoridades.
También hubo una baja en las construcciones comerciales, lo cual perjudica las ventas de bienes y servicios vinculados. Este aspecto del retroceso generalizado podría ser un reflejo de la incertidumbre imperante en materia económica. En menor grado, la contención del gasto público también se manifiesta en el bajo crecimiento del IMAE.
Las empresas ubicadas en zonas francas gozan de un beneficio tributario del cual no participan las del régimen definitivo, las cuales son la mayoría. El valor agregado local de la producción en buena parte de las empresas bajo este régimen especial es relativamente bajo, pues son intensivas en importaciones y, por ende, el tipo de cambio no las afecta mucho. Pero las empresas que operan fuera de ese esquema y exportan o producen para el mercado local, en competencia con las extranjeras, generan gran valor agregado doméstico y son altamente sensibles al tipo de cambio. Por eso, el Banco Central debe revisar su actuación en la materia.
La baja del crecimiento económico anula buena parte de los esfuerzos por estabilizar el endeudamiento del Gobierno Central, que ya alcanza niveles preocupantes. Esa es una razón más para que la administración se esfuerce todo lo posible para tomar las medidas necesarias a fin de acelerar, cuanto antes, el crecimiento económico. Ya debería tener avanzado un programa de trabajo —como el que tiempo atrás encargó a los vicepresidentes y al exministro de la Presidencia Rodolfo Piza—, pero desconocemos cuánto se logró.
Por el contrario, el gobierno se ha sentido obligado a dar prioridad a “dialogar” con diversos grupos de presión, compuestos por sindicatos, representantes de la burocracia pública y hasta por estudiantes menores de edad, carentes de representación. Además, “dialoga” a puerta cerrada, incluso cuando sus interlocutores mantienen huelgas arbitrarias, como la de la Caja Costarricense de Seguro Social, que obligó a cancelar miles de citas.
Los llamados de la ministra de Hacienda y de la contralora general de la República, quienes han denunciado el peligro de dejar la reforma fiscal a medio camino, deben ser atendidos por los demás miembros del equipo de gobierno. Es necesario contener la caída de la producción, en lugar de escuchar, al más alto nivel, la exigencia de nuevas concesiones formuladas por grupos de interés cuya principal oferta es detener, aunque sea por unas pocas semanas, nuevas protestas que causan malestar a la ciudadanía y atentan contra la capacidad productiva del país. El presidente, Carlos Alvarado, debe definir bien las prioridades en función del verdadero interés general y no dejarse consumir por ejercicios de “diálogo” planteados a partir de falsedades e intransigencias.