11 noviembre, 2019

Un estudio elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), en 58 cantones, determinó que la tercera parte de las obras físicas se construyen sin permisos municipales. Guanacaste y la zona norte son los puntos donde más ocurre, pues un 40 % y un 44 %, respectivamente, no se ajustan a las disposiciones legales.

La informalidad en la construcción es función directa de los costos de transacción cualitativos y cuantitativos. Mientras los interesados consideren que algunos de estos son elevados, las construcciones sin permiso municipal seguirán dándose.

Según el CFIA, la práctica significa una enorme pérdida de recursos financieros para los gobiernos locales porque no reciben los cánones establecidos. En todo el país, la suma no percibida por este concepto es de aproximadamente ¢344 millones, a los cuales sería necesario restar los costos administrativos de conceder los permisos. Lo preocupante no son las modestas sumas no ingresadas a la arcas de las municipalidades, sino la inseguridad creada por las construcciones al margen de la ley y del código de construcción.

Quienes construyen por encima de la legislación se exponen a multas y a la demolición de las obras. No obstante, muchos propietarios se abstienen de solicitar permisos de construcción y conviene precisar las razones. Por un lado, deben dedicar tiempo a los trámites. Por otro, deben recurrir a profesionales en ingeniería y arquitectura, además de pagar un canon municipal. Para edificaciones pequeñas y sencillas, la suma de esos servicios podría ser relativamente alta.

En esta materia, las municipalidades deben trabajar al costo, pues se trata de un servicio de gran interés social y no de un generador de ingresos. Los montos percibidos por la tramitación de permisos palidecen frente al costo de atender tragedias causadas por las debilidades estructurales y mala ubicación de las obras. Por otro lado, los servicios de los profesionales involucrados deberían ajustarse a la capacidad de pago de los clientes, así como a la complejidad de los proyectos.

Al mismo tiempo, los gobiernos locales deben redoblar los esfuerzos de inspección mediante el uso de métodos formales para verificar la ejecutoria. Las tareas de inspección deben ser auditables y auditadas. Cuesta entender cómo se levantan obras cuya construcción toma seis o más meses, con el frente hacia las calles públicas, sin que los inspectores se den cuenta. La conexión de servicios de luz y agua también debería estar condicionada a la existencia de permisos municipales.

Proceder de la forma indicada —servicios profesionales a precios cómodos y cánones razonables— contribuiría a dar más valor a la casa o al edificio, y seguridad desde el punto de vista estructural, así como menos exposición a sufrir por un sismo, deslizamiento e incendio, entre otras ventajas. El resultado favorecería a los propietarios, pero también ganaría la sociedad como un todo si las construcciones se ajustan a los estándares ambientales y cesan de surgir precarios a la vera de los ríos, utilizados después como basureros.

El CFIA afirma que gran parte de los trámites se pueden hacer en forma digital, lo cual reduce el tiempo necesario para obtener permisos. Eso constituye un avance; sin embargo, como en todo, la informalidad en la construcción es función directa de los costos de transacción cualitativos y cuantitativos. Mientras los interesados consideren que algunos de estos son elevados, las construcciones sin permiso municipal seguirán dándose. El precio de construir al margen de la ley, por otra parte, será relativamente bajo mientras las autoridades no vigilen y castiguen las transgresiones.