La confianza parece escasear en estos días en el Ministerio de Cultura y Juventud. El despido del viceministro Ernesto Calvo expuso las dificultades de la nueva jerarca, Nayuribe Guadamuz, para confiar en su equipo, no importa si se trata de funcionarios que llegaron al mismo tiempo y a quienes, en buena teoría, ayudó a seleccionar para acompañarla en la gestión de un ministerio complejo, dado su limitado presupuesto y la gran cantidad de instituciones adscritas.
Al igual que la ministra de Salud, Joselyn Chacón, Guadamuz fue aspirante a diputada por el Partido Progreso Social Democrático. Luego de no ser elegidas, el presidente les abrió las puertas del Poder Ejecutivo. Como aspirante al Congreso, Guadamuz centró su atención en los problemas económicos de su provincia, Guanacaste, y apenas hizo menciones genéricas sobre cultura y juventud, según se constata en su perfil de candidata en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones.
Sucesora en un puesto que antes ocuparon figuras de la talla de Alberto Cañas, Carmen Naranjo y Guido Sáenz, la ministra Guadamuz hizo su carrera profesional en el Ministerio de Educación Pública y no tenía claros vínculos con el sector cultural en el momento de su nombramiento. Aun así, el gremio artístico le dio un tiempo de acomodo, pues casi nadie la conocía.
Sin embargo, tres meses después de asumir el cargo, Guadamuz ya mostró más interés en la confianza de sus subalternos —o la falta de ella— que en su propuesta de recuperación para uno de los sectores más afectados económicamente por la pandemia o sus esfuerzos para marcar distancia con la idea de “vivir dos años sin cultura”.
La destitución de Calvo es el resultado de una cadena de confianzas rotas. La nueva administración trajo a la dirección del Centro de Conservación de Patrimonio a una persona sin vínculo con el área, lo cual desencadenó conflictos en el Centro de Cine, pues se le pidió a su director, Raciel del Toro, prescindir de los servicios de una abogada a la que se estaba formando en derecho cinematográfico y la materia legal relacionada con fondos concursables, y devolver a la funcionaria a Patrimonio, pues su plaza pertenece a esa institución. Además, hubo una disputa por espacios de parqueo a la que es mejor no referirse por su absurdidad.
Del Toro acató la instrucción de la jerarca, pero le hizo ver la inconveniencia del traslado de la abogada, dada su especialización en el área legal cinematográfica. La ministra no se lo tomó bien y empezó las gestiones para destituir al director del Centro de Cine “por pérdida de confianza”.
Por ley, eso no depende de la jerarca, sino del Consejo Nacional de Cinematografía, órgano independiente donde hay representación de universidades, productoras audiovisuales, exhibidores de cine y otros sectores.
Raciel del Toro ha probado sobradamente su compromiso con la industria audiovisual y con los creadores desde que asumió la dirección del Centro de Cine. De ahí que no fue de extrañar que el Consejo de Cinematografía le diera el espaldarazo y rechazara de plano el pedido de destitución de Guadamuz, en una votación en que el viceministro Calvo participó como representante de la cartera. Más que la negativa de Calvo a despedir a Del Toro, fue la representación de todo el sector audiovisual la que se le plantó a la ministra.
La tormenta en el vaso de agua llegó hasta la Casa Presidencial, donde Guadamuz se apoyó en la vicepresidenta, Mary Munive, para destituir a Calvo por “pérdida de confianza”. El exviceministro pagó los platos rotos.
El panorama futuro no es nada prometedor. Es evidente que la relación de la ministra con el director del Centro de Cine está resquebrajada. La jerarca dejó claro que no confía en Del Toro, y esa desconfianza quizá se extienda a los integrantes del Consejo Nacional de Cinematografía, quienes desoyeron la orden de la ministra y sobre cuyos nombramientos Guadamuz sí tiene el control.
De fondo, dos problemas saltan a la vista. El primero es el modo en que se conformaron los equipos de trabajo: más allá de los procesos de “selección de personal” para designar jerarcas, ponderados en exceso, es evidente que no se tomó en cuenta la afinidad o que se tratara de personas que, cuando menos, se conocieran desde antes, pues Guadamuz y Calvo entraron en conflicto casi el mismo día que empezaron funciones.
El segundo, y más preocupante, es la tendencia de varios nuevos jerarcas a desconocer el marco jurídico y presuponer que las cosas pueden pasar solo porque ellos lo dicen, ignorando el criterio de los técnicos y de los entes designados por ley para regir diversas materias.
Se trate del Consejo Nacional de Cinematografía o de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el común denominador es la subestimación de quienes no se alineen. Mientras tanto, la confianza en el Ministerio de Cultura sigue perdida.