El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 plantea, en el campo de las telecomunicaciones, varias estrategias interesantes y bien dirigidas, aunque, algunas de ellas, poco ambiciosas. Establece objetivos cuantitativos por año y región, un trabajo minucioso, pero de enfoque tradicional y, por tanto, poco innovador.
“Alcanzar un 20 % de suscripciones a internet fija superior a 15 Mbps por cada 100 habitantes en las viviendas para que puedan realizar más fácilmente labores empresariales (pymes), académicas, educativas, teletrabajo y de universidad virtual, entre otras” no tiene sentido. La velocidad mínima, sin duda, fue fijada el año pasado, distante de las necesidades modernas.
Dejar sin definir si la velocidad mínima se refiera a la de bajada solamente o también a la de subida no puede ser una omisión involuntaria, ya que durante la pandemia los problemas de velocidad fueron evidentes para la totalidad de la ciudadanía. Además, un 20 % de suscripciones por cada 100 habitantes en las viviendas sugiere que cada conexión deberá ser compartida por 5 personas, en promedio. La velocidad sugerida de 15 Mbps sería insuficiente si trabajan o estudian todas al mismo tiempo. Falta una manera innovadora, que minimice el costo, de cubrir el país con conexiones de fibra óptica.
Otro ejemplo es el siguiente: “25.000 personas capacitadas en promoción de la cultura para la ciberseguridad, en temas como cultura informática en ciberseguridad, alfabetización digital, consejos, buenas prácticas, entre otros, para que no sean presa de estafas informáticas como las bancarias y robo de información sensible personal y tengan los cuidados tecnológicos pertinentes. Lo anterior mediante eventos, webinars, charlas, cursos o talleres”. También es una buena idea, pero 25.000 personas son muy pocas. Con métodos tradicionales, como actividades, webinars, charlas y cursos, el avance será lento y engorroso. El Estado debe explorar métodos novedosos, como la educación móvil, cuyo alcance es mucho mayor y el costo por estudiante, muy bajo.
“Lograr la conectividad en los 24 territorios indígenas con 36.000 habitantes con cobertura de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles para facilitar su conectividad con el resto del país y atender sus diversas actividades, entre ellas, educativas y médicas y gestiones personales”, indudablemente es necesario y para eso existen en el país por lo menos dos empresas con título habilitante que ofrecen servicio satelital de órbita baja. Incluye una instalación muy rápida a un costo razonable (unos $500 por instalación) con la cual a dos o tres personas les es posible trabajar o estudiar al mismo tiempo (la velocidad máxima de subida es cercana a los 20 Mbps). El costo mensual del servicio ronda los $100 por instalación. Habrá que determinar con cuidado cuántas se necesitarán y si será necesario conectarlas entre ellas, pero los resultados deben obtenerse a corto plazo.
Desafortunadamente, el Plan omite la red educativa, ni en el capítulo sobre ciencia y tecnología, ni en el de educación se menciona. Hay iniciativas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para proveer a los centros educativos conexiones de fibra óptica de alta velocidad, pero eso no constituye una red educativa, la conectividad entre escuelas y colegios, o entre estos y el Ministerio, se da de la misma manera que entre dos puntos cualesquiera del planeta. Esto tiene dos grandes problemas: primero, un enorme desperdicio de ancho de banda internacional y, segundo, la falta de filtrado de contenido para niños y jóvenes con conexiones de alta velocidad. Ambos problemas pueden y deben ser solventados a fin de que el Plan cumpla con su cometido y no pase a formar parte de las buenas ideas y los malos proyectos.