Fidel Jaramillo, representante en Costa Rica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), manifestó, en entrevista concedida a este medio, que la entidad, históricamente proveedora de cuantiosos créditos para obras de infraestructura y otros propósitos, condicionará la aprobación de un desembolso para el 2021 a la correcta aplicación de la regla fiscal. La Asamblea Legislativa aprobó la regla fiscal en el marco de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para sujetar el crecimiento del gasto del Gobierno Central al mejoramiento de la economía y al tamaño de la deuda gubernamental. La medida procura asegurar la estabilidad económica en el tiempo y no debe extrañarnos su empleo como referencia para la banca internacional y otras instituciones.
La regla, también adoptada en otros países, ordena las finanzas públicas y evita que el endeudamiento y la carga de intereses se vuelvan insoportables. El BID favorece la normativa, y poco sentido tendría, desde su perspectiva, contribuir a que el país se endeude cada vez más sin ordenar las finanzas públicas, especialmente si el fin es brindar apoyo presupuestario para pagar deuda cara con recursos a bajo costo.
Este tipo de condicionamientos no es inusual. A principios de los años ochenta, cuando muchas economías del hemisferio occidental entraban en la llamada “década perdida”, en parte por la elevación abrupta del precio del petróleo y sus derivados, prácticamente todas las entidades financieras internacionales —Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés)— condicionaron su apoyo al ajuste macroeconómico, con un componente de red de seguridad social. Exigieron la adopción de una serie de reformas estructurales, según fueran las necesidades concretas de cada país.
Al sistema se le conoció como condicionamiento cruzado y, en general, rindió frutos positivos, pues los países recuperaron la senda del crecimiento. En el caso de Costa Rica, la economía salió del atascadero antes de una década. A otras naciones les tomó más tiempo. Los compromisos con entes multilaterales contribuyeron a contrarrestar los esfuerzos de grupos de presión por detener reformas favorables al interés general, pero gravosas para el de grupos específicos, como los ajustes arancelarios que gradualmente abrieron las economías a la competencia internacional.
En la actualidad, algunas entidades públicas, entre ellas las universidades estatales y el Poder Judicial, externan su oposición a las disposiciones de la reforma fiscal, especialmente las que limitan el crecimiento insostenible de salarios y otros beneficios. El condicionamiento anunciado por el BID es una razón más para no ceder en el empeño de aplicar la ley con equidad. El Banco tiene en camino el desembolso de préstamos por más de $1.000 millones y estudia otros para apoyo presupuestario, cuyo objetivo es aliviar la carga de intereses, destino de valiosos recursos del presupuesto nacional.
Fidel Jaramillo, jerarca de la oficina del BID en San José desde el 2016, dejará el puesto este mes. Un nuevo funcionario se hará cargo del despacho y esperamos la continuidad del acompañamiento técnico del Banco, tan valioso como el financiamiento. Ojalá Costa Rica, en el pasado una “lenta ejecutora” de préstamos, cambie de actitud, aproveche los créditos con celeridad y evite incurrir en pago de comisiones y otras cargas por dinero no desembolsado, como tantas veces sucede. Afortunadamente, en los últimos años se ha visto una mejora, según destacó Jaramillo en la misma entrevista.
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