EscucharLa pandemia de la covid-19 se ha ensañado con la economía nacional. El país ha hecho un enorme esfuerzo para enfrentarla y hace falta más.
El cierre de actividades productivas causa penurias a muchas familias y empresas. El gobierno también ha sufrido debido a la merma de ingresos tributarios y al aumento en algunas partidas de gasto social.
Urge reactivar el aparato productivo mediante la incorporación gradual y controlada de más y más sectores a la actividad económica. Sin embargo, como lo han venido informando las autoridades de salud, algunas empresas no han hecho su parte.
Crear condiciones apropiadas para mantener la actividad productiva sin favorecer el contagio es una necesidad sanitaria y, también, un beneficio para los negocios mismos.
Es indispensable que el empresariado tome conciencia de su papel en esta lucha de interés nacional. Se está ante un reto extraordinario de salud pública, que requiere acciones también extraordinarias.
Las empresas afectadas por focos o epicentros del virus SARS-CoV-2 no operan en condiciones insalubres, pero tampoco en las apropiadas para enfrentar la pandemia.
El entorno cambió radicalmente y las circunstancias adecuadas para producir antes de la emergencia dejaron de serlo. La falta no está en verse sorprendidos, sino en no reaccionar con prontitud.
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Ocho inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social visitaron más de 70 empresas agrícolas en cantones como San Carlos, Los Chiles y Upala para verificar las condiciones en que emplean a sus trabajadores. Foto Ministerio de Trabajo.
El sector privado en las regiones afectadas en el norte del país, donde funcionan las empacadoras de productos agrícolas, deben adoptar cuanto antes medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
Por su parte, las cámaras empresariales deben asegurar que sus miembros no constituyen un peligro para los éxitos logrados hasta ahora en la lucha contra la enfermedad.
Bien hace el gobierno al cerrar empresas carentes de precauciones adecuadas para encarar la emergencia, pero los cierres implican pérdidas individuales y sociales que muy probablemente superan los costos de prevenir los riesgos.
El resultado de la negligencia es el desperdicio económico. Como dijo el ministro Daniel Salas, los empresarios no deben esperar que las autoridades lleguen a tocar la puerta.
La actividad privada es generadora de riqueza y su operación es muy bienvenida, pero acarrea responsabilidades. Una de ellas es no crear externalidades negativas, es decir, costos a consecuencia de la actividad productiva que no son asumidos por las empresas. El mal manejo de la pandemia, cuando se ha dado, constituye un ejemplo de ese fenómeno.
El esfuerzo de las autoridades —Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Caja Costarricense de Seguro Social, municipalidades y Fuerza Pública— para contener la expansión de la covid-19 necesita una contraparte responsable en el sector privado. La ha tenido en casi todos los casos. Vemos supermercados y otros comercios organizados para mantener el distanciamiento y las empresas ponen en práctica protocolos de ingreso para empleados y visitantes. Por eso, es justo sancionar con severidad a quienes se abstengan de cumplir su cuota de responsabilidad.
Es de esperar que el castigo contribuya a la interiorización de costos y a la reducción de las externalidades negativas en muchas empresas. El aparato productivo costarricense podrá difícilmente reactivarse mientras exista el peligro de un incremento de los contagios, las hospitalizaciones y las muertes por covid-19.
En otros ámbitos económicos, las medidas sanitarias oficiales y las precauciones individuales han permitido mantener las operaciones. La comparación con lo ocurrido en otros países favorece a Costa Rica a ojos de inversionistas interesados en apostar por un entorno capaz de ofrecer estabilidad a la producción. No podemos renunciar a esa ventaja en vista de la feroz competencia que se avecina.
