Editorial: Claridad en la aviación

Es difícil creer que el turismo saldrá ileso de la rebaja de categoría a la aviación nacional. Muchos visitantes dependen del transporte aéreo interno para llegar a sus destinos. El punto de partida de las enmiendas debe ser la transparencia porque no basta con corregir los defectos detectados. Es preciso saber cómo llegamos hasta aquí para evitar sorpresas futuras.

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Costa Rica, aspirante a participar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una exclusiva asociación de países de vanguardia empeñados en promover el progreso mediante el estudio e intercambio de las mejores prácticas, acaba de ingresar a un club mucho menos atractivo.

Desde la semana pasada, formamos parte, junto con Ghana, Bangladés, Curazao y Tailandia, de la exclusiva sociedad de las peores prácticas aeronáuticas. Ni la paupérrima Venezuela ni la atribulada Nicaragua, para hablar de países vecinos en desventaja, han hecho deméritos suficientes para entrar a la categoría 2.

La numeración de las categorías es engañosa. Solo hay dos. Costa Rica ya tocó fondo. Hay países alineados con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y otros que no lo están. Nadie puede obligarnos a adoptar las mejores prácticas. Sin embargo, aparte del mandato del sentido común, otros países tienen derecho a restringir el tráfico aéreo de naciones apartadas de la normativa internacional y a informar a sus ciudadanos sobre la seguridad de volar en naves supervisadas por las autoridades de esos países.

En Estados Unidos, nuestro principal socio, la función de calificar el cumplimiento corresponde a la Administración Federal de Aeronáutica (FAA, por sus siglas en inglés). Las categorías descritas son propias de esa agencia del Gobierno estadounidense y también la clasificación. El cambio no afecta el servicio de las empresas de aviación internacionales, salvo las de código costarricense, que no pueden ampliar o variar rutas y enfrentan, con el país, una afectación de su imagen.

James Hall, exjefe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, recomendó a todo estadounidense con intención de viajar en vuelos locales abstenerse de hacerlo. “Estos vuelos turísticos privados no tienen el tipo de supervisión y regulación que tenemos en los Estados Unidos”, afirmó en Fox News, el noticiero de cable con más audiencia en ese enorme mercado turístico. Semejante lenguaje causa perjuicio a la imagen de Costa Rica mucho más allá de la aviación interna.

Por eso, es difícil creer que el turismo, tan fundamental para la economía nacional, saldrá ileso. Muchos visitantes dependen del transporte aéreo interno para llegar a sus destinos con la rapidez y comodidad no ofrecidas por nuestra red vial. Tailandia está en la breve lista de la categoría 2 y es una potencia turística, pero Costa Rica no debe darse el lujo de ceder ninguna ventaja ante sus competidores.

La principal preocupación en estos casos es, por supuesto, la seguridad de nacionales y extranjeros, motivo suficiente para hacer correcciones con la mayor celeridad. La categoría 2 implica deficiencias de Aviación Civil en experiencia, entrenamiento, registros o procedimientos de inspección, pero las autoridades locales se han mostrado esquivas sobre las razones específicas de la nueva clasificación.

El punto de partida de las enmiendas debe ser la transparencia porque no basta con corregir los defectos detectados. Es preciso saber cómo llegamos hasta aquí para evitar sorpresas futuras. Costa Rica permaneció en la categoría 1 desde el 2000 hasta la semana pasada. ¿Qué cambió y por qué razones?

Hay demasiado en juego, tanto en seguridad como en economía para no abrir la discusión a la opinión pública. La Asamblea Legislativa debe estar atenta al proceso para juzgar si en algún momento se justifica su intervención en procura de claridad, de establecer responsabilidades y de lograr soluciones permanentes.