Editorial: Cierre de regímenes especiales

En el Banco Nacional, la cotización del trabajador es del 5,5%, pero la contrapartida de la institución es del 10%, sin justificación alguna. El Banco de Costa Rica paga a su fondo el mismo porcentaje, pero la contrapartida del empleado es el 0,5%. El ICT aporta un 5% a cambio de nada y la CCSS entrega el 2% sin contrapartida. Por su parte, el ICE aporta el 4,5% de su nutrida planilla.

Las razones para poner fin a esos privilegios abundan y las hemos señalado en varias oportunidades. Primero, está la legítima aspiración al trato igualitario en una sociedad democrática. Luego, el buen aprovechamiento de los recursos públicos, especialmente en tiempos de crisis fiscal.

También resulta odioso el traslado de las sumas cotizadas a los usuarios de los servicios. En los bancos, el cliente termina asumiendo el costo cuando paga comisiones y tasas de interés. En otras entidades, como la Caja, el dinero invertido en pensiones exclusivas no se emplea para el mejoramiento de la atención, ni el ICE puede utilizarlo para mejorar las tarifas o incrementar su competitividad.

A esas razones, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, añadió una relacionada con la responsabilidad y equidad intergeneracional. “No podemos permitir que las generaciones nuevas les paguen las pensiones a jubilados que no contribuyeron para tener ese nivel de pensión”, afirmó ante los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, donde se tramita un proyecto de ley para cerrar los cinco regímenes.

Con tantas buenas razones, la aprobación del proyecto no debería enfrentar mayores dificultades, sobre todo, porque el texto se preocupa por preservar los beneficios de los pensionados actuales para no afectar derechos adquiridos. La gran dificultad radica en la devolución del dinero a los trabajadores activos.

Los regímenes exclusivos tienen años de funcionamiento y los fondos acumulados son cuantiosos. Están invertidos en títulos valores y en este momento los mercados están a la baja. Liquidar esos instrumentos para entregar el dinero sería concretar la pérdida sin dar oportunidad a la recuperación.

Por eso, la CCSS objetó el plazo de seis meses para devolver el dinero a los trabajadores activos. Hacerlo implicaría poner a la venta, a un precio por debajo del real, los títulos valores comprados por el fondo para capitalizarlo. Por su parte, el Banco Nacional se vería obligado a vender alrededor de ¢36.000 millones invertidos en deuda pública. Aparte de dejar un saldo descubierto que las instituciones podrían estar forzadas a compensar, la súbita venta de los títulos causaría serias distorsiones en el mercado de valores.

Acosta propuso una solución sencilla para evitarlo: trasladar al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) los bonos correspondientes a la liquidación de la participación de cada trabajador en los fondos de jubilación especiales. Al trasladar los bonos al ROP se evita liquidarlos apresuradamente, y a los fondos se les da el destino que siempre tuvieron asignado, mejorar la jubilación de los beneficiarios.

Una vez estudiada la viabilidad de la solución, los diputados deben aprobarla para remover el último gran obstáculo al proyecto. Sería un paso adelante en el esfuerzo por aumentar la equidad de las pensiones.