23 mayo

La confiscación de drogas en embarques de productos legítimos provenientes de nuestro país causa daños más allá de la reputación e imagen. Las exportaciones de bienes perecederos, importantísimos para el dinamismo de la economía nacional, son las primeras víctimas. Entre la corta del banano y su puesta a disposición de los consumidores en Europa, por ejemplo, hay un plazo del cual depende el estado óptimo de la fruta. Las demoras por revisiones adicionales pueden ser críticas y a eso se expone un país señalado como origen frecuente de narcotráfico.

Por lo anterior, la incautación de 1.600 kilos de cocaína en Holanda, ocultos en un embarque de banano procedente del megapuerto de Moín, no es solo motivo de preocupación policial. Los exportadores también deben interesarse por el asunto y exigir al gobierno una respuesta rápida y adecuada.

La responsabilidad descansa en hombros de las autoridades. El escáner instalado en la terminal de contenedores de Moín está en plena capacidad de operar, pero no lo hace porque al Estado le falta instalar el centro de monitoreo.

La responsabilidad descansa en hombros de las autoridades. El escáner instalado en la terminal de contenedores de Moín está en plena capacidad de operar, pero no lo hace porque al Estado le falta instalar el centro de monitoreo. El equipo cuesta $2,6 millones; sin embargo, nada vale si no hay autoridades capaces de analizar las imágenes.

Según la empresa, el aparato es único en Latinoamérica y permite detectar armas, drogas, material radiactivo y dinero, entre otros artefactos y sustancias. Un puerto dotado de la seguridad necesaria para impedir el trasiego de sustancias y artefactos ilícitos más bien goza de una ventaja competitiva y es difícil imaginar una mejor inversión.

Por eso es también difícil imaginar mayor descuido que el demostrado en el reciente decomiso. Tenemos el equipo, de última generación, listo para funcionar desde el primer día, pero carecemos del personal para darle utilidad. La decisión de instalar el centro de monitoreo no era demasiado compleja, según se desprende del anuncio emitido por la Casa Presidencial cuando trascendió la noticia del decomiso en Holanda y la falta de revisión en Moín. El Centro de Inspección Remota comenzará a funcionar el mes entrante. Así de fácil y rápido.

Según Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), el gobierno prometió habilitar un centro temporal de monitoreo el propio 28 de febrero, cuando se inauguró el megapuerto. Según el gobierno, la capacitación del personal comenzó en agosto y, desde entonces, se trabaja en la infraestructura informática y los protocolos operativos, pero para nadie era secreto la fecha de entrada en operación del megapuerto y las autoridades de Róterdam dejaron en claro nuestra proverbial falta de previsión.

Costa Rica, bien lo saben las autoridades, es país de tránsito de grandes embarques de droga con rumbo a los Estados Unidos. La apertura de un puerto capaz de manejar mucha más carga y permitir nuevas rutas, más directas, hacia otros mercados consumidores de estupefacientes, como los europeos, incrementa el riesgo. La guerra estaba avisada.

La necesidad de contar con escáneres para garantizar la integridad de las exportaciones nacionales tampoco nace con el nuevo puerto. Hace una década, China donó varios aparatos, hoy obsoletos sin haber sido jamás utilizados pese a la inversión de ¢210 millones en mantenimiento y la capacitación de 27 funcionarios del servicio de Aduanas y de la Policía de Control Fiscal, en el 2015.

Cadexco exige, con razón, no dejar pasar más tiempo. La instalación del centro de monitoreo y el funcionamiento del equipo instalado en Moín están en carrera contra el narcotráfico y el país no puede darse el lujo de verse rezagado. Recuperar la confianza de los socios comerciales no es fácil.