19 marzo, 2019

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) instaló cámaras en los vehículos utilizados para transportar detenidos. Los encargados de esas labores protestaron, alegando una violación a su privacidad. Las cámaras graban el procedimiento de traslado de reos y, según los quejosos, inevitablemente registran sus conversaciones y llamadas telefónicas.

La protesta llegó hasta la Sala Constitucional, donde los siete magistrados se pronunciaron a favor de la vigilancia electrónica. Walter Espinoza, director del cuerpo policial, justificó las cámaras como una medida de protección para el propio personal encargado de trasladar a los reos, contra el cual hay constantes cargos de maltrato. Como es evidente, los aparatos también garantizan el respeto de los derechos de los detenidos.

La vigilancia electrónica es un elemento ubicuo de la vida moderna. A nadie escandaliza el rotulito desplegado para advertirnos la presencia de cámaras y la grabación de nuestros movimientos. Utilizado con respeto por los derechos de los demás y en circunstancias adecuadas, el recurso fortalece la seguridad y debemos darle la bienvenida.

Bancos, condominios y tiendas vigilan sus instalaciones con sistemas de circuito cerrado y guardan las grabaciones por si fueran necesarias para esclarecer algún acontecimiento. Hay servicios de vigilancia remota de viviendas y comercios, incluidos los accesos públicos a la propiedad privada. Cámaras instaladas por diversas razones graban cuanto acontece en las calles y contribuyen a la investigación de delitos y accidentes. La tecnología se ha abaratado al punto de ser asequible para humildes pulperos y otros pequeños comerciantes.

La ubicuidad misma de la vigilancia electrónica magnifica su ausencia en uno de los ámbitos donde más urge para salvar vidas. En los países avanzados, y en otros no tan a la cabeza, las cámaras sirven para evitar comportamientos irresponsables, como los causantes de tantos muertos y heridos en las vías costarricenses. Los accidentes constituyen un problema de seguridad ciudadana tan grave como la creciente tasa de homicidios, pero están mucho menos presentes en la conversación nacional.

El año pasado 445 personas murieron en el sitio del accidente o durante el traslado a un centro de atención médica. El total de muertes ronda las 800. En el mismo periodo, hubo 586 homicidios. Con algún altibajo, la tendencia al alza de las muertes por accidentes viales es evidente y la Policía de Tránsito se confiesa incapaz de ejercer la vigilancia necesaria para revertirla.

La Dirección General de Tránsito atiende el territorio nacional en tres turnos con unos 750 oficiales que no siempre están de servicio por razón de vacaciones, enfermedad y permisos. Los encargados de cada turno dedican la mayor parte del tiempo a atender accidentes, incluidas colisiones sin importancia, y no a vigilar el apego de los conductores a la ley.

Sin embargo, ningún intento de introducir la vigilancia electrónica ha dado frutos. Periódicamente, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) anuncia su intención de retomar la idea, como lo hizo en enero del 2017, cuando planteó la posibilidad de estrenar las primeras cámaras en enero del 2018. Ese enero ya pasó, pasó otro más y nada hace creer en la posibilidad de instalar una sola cámara en enero del 2020.

La vigilancia electrónica no elimina la necesidad de contar con más oficiales de tránsito. El gobierno anunció buenos propósitos en esa materia, pero nunca habrá suficientes policías para justificar nuestra absurda renuncia a la tecnología. La Sala Constitucional acaba de afirmar su apertura al empleo de esos recursos. Es cuestión de estudiar cómo armonizarlos con las garantías constitucionales.