10 octubre

El sector de la construcción, conformado por las obras destinadas a vivienda, comercio e industria, principalmente, es muy sensible al ciclo económico, pues supone contraer compromisos a mediano y largo plazo. Según las estadísticas de construcción, del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), de 18.000 obras levantadas en el segundo semestre del 2015, el número cayó a 13.891 en el primer semestre de este año. Durante los últimos cuatro años, se registra una reducción todavía más fuerte en el área construida.

Ricardo Tapia, asesor económico de la Cámara Costarricense de la Construcción, atribuye buena parte del descenso a “la falta de dinamismo de la economía nacional y a la poca confianza de los consumidores y empresarios” del país. La merma en la cantidad de viviendas edificadas —por mucho, el principal subsector de la construcción— explica en gran medida la baja en la actividad constructiva como un todo.

En el Gobierno, el gasto corriente (sueldos, sobresueldos, cargas sociales, mantenimiento, transferencias) domina y queda muy poco para invertirlo en infraestructura física.

La vivienda constituye quizá la más grande inversión de una familia típica a lo largo de su vida, y para hacerlo las personas adquieren compromisos cuyos plazos son por lo menos de quince años y deben pagar tasas de interés variables. Para asumir esos compromisos, el sistema financiero le requiere al interesado una prima y demostrar que durante la vida del préstamo tendrá los ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Usualmente, cuando se trata de un crédito hipotecario, los bancos financian un 70 % del valor del inmueble y exigen ingresos a los deudores de cuando menos tres veces el servicio de la deuda, incluido el pago de seguros sobre la garantía.

Cuando el desempleo de un país es elevado, y las circunstancias que condicionan las tasas de interés tienen un desempeño incierto, los demandantes de crédito hipotecario posponen sus decisiones de inversión en vivienda, a la espera de mejores horizontes.

Por su parte, en momentos de perspectivas inciertas, las empresas dedicadas a la construcción deben buscar mecanismos para hacer atractivos sus productos y ofrecer más y mejores servicios a su clientela, por ejemplo, descuentos, casas o apartamentos más pequeños, distintos acabados y otras facilidades, como las áreas de recreación en los condominios. Además, deben hacer todo lo posible para mantener en sus planillas a los empleados clave, conocedores del campo de trabajo, pues, si los despiden, corren el riesgo de no tenerlos disponibles cuando los tiempos mejoren.

Según un estudio elaborado por la Academia de Centroamérica, por cada ¢100 de demanda en el sector de la construcción, se generan pagos por ¢168 en la economía nacional, producto de los encadenamientos con otros sectores. Por lo tanto, en períodos de poca actividad económica, el Estado puede, y quizá debe, promover obras públicas (escuelas, hospitales, carreteras), no solo porque encontrará una amplia oferta de suplidores de los servicios, sino porque también coadyuva a la generación de empleo durante el tiempo de más necesidad.

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Las obras grandes pueden ser emprendidas, mediante la figura de concesión, por las empresas privadas para que el costo sea cubierto por los usuarios y, así, no afectar el presupuesto nacional. Las pequeñas, por el contrario, debe acometerlas el Estado y sufragarlas los contribuyentes. Desafortunadamente, en el Gobierno, el gasto corriente (sueldos, sobresueldos, cargas sociales, mantenimiento, transferencias) domina y queda muy poco para invertirlo en infraestructura física.

El sistema financiero podría colaborar en el empeño ofreciendo créditos a plazos más largos que antes y cuotas más bajas para hacer más asequible la adquisición de vivienda. Para no estimular el sobreendeudamiento de las familias, los contratos del crédito podrían contener una cláusula para que, mediante la reducción de la tasa de interés, se incentive a los deudores a pagar sus préstamos antes del vencimiento convenido.