La brecha entre los salarios del sector público y los del sector privado alcanzó su mayor amplitud en julio. En general, los empleados estatales reciben remuneraciones muy superiores a las de sus pares del sector privado. Esos ingresos no se explican por los requerimientos de preparación y experiencia en uno u otro ámbito, sino por la acumulación de beneficios en la función pública con el paso del tiempo. El costo de esas ventajas, para mayor ironía, corre en buena parte por cuenta de los empleados de las empresas particulares.
El sueldo mensual promedio de la burocracia se situó en ¢1,2 millones, cifra que supera notablemente el de sus pares privados, que ronda ¢560.000, es decir, menos de la mitad. Sin embargo, dentro de la planilla estatal existen diferencias notables, según se trate de funcionarios del Gobierno Central o de entidades autónomas, como el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros, la Refinadora Costarricense de Petróleo y los bancos estatales, entre otros.
Las instituciones autónomas, al tener «ingresos propios» y no depender del presupuesto nacional, gozan de mayor espacio de maniobra para conceder excesivas ventajas a su personal y, muchas veces, los administradores también se ven beneficiados. En otros casos, el éxito de la gestión se mide por la baja conflictividad, frecuentemente construida a fuerza de una actitud de obsecuencia frente a los sindicatos.
El sector público hace uso intensivo del factor humano. Por eso, sus costos están en función de la cantidad de empleados y de su remuneración promedio. Si es elevada y no se corresponde con la productividad, la sociedad soporta costos indebidos. Para todo costarricense resulta obvia la distancia entre las remuneraciones y los beneficios en el sector público y la productividad, donde casi siempre saca ventaja el sector privado.
En mucho, los elevados salarios en las instituciones públicas obedecen a prácticas indebidas, como las convenciones colectivas que de tiempo en tiempo agregan al salario una serie de pluses capaces de duplicar el monto de la base. La creatividad para inventar pluses (anualidad, dedicación exclusiva, prohibición, disponibilidad, grado académico, etc.) y beneficios extrasalariales es enorme.
Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó unos 200 pluses en el sector público costarricense y, también, el efecto de la enorme diferencia entre los salarios estatales y los del sector privado sobre la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini.
En Costa Rica, lejos de cumplir cabalmente una función redistributiva, el Estado contribuye a deteriorar el coeficiente. En vez de ser significativamente más baja después de la intervención estatal —en la recaudación y en la asignación del gasto público― la desigualdad aumenta. Y si a salarios más altos corresponden también pensiones elevadas, muchas de ellas de lujo, la inequidad es todavía mayor.
La resistencia al aumento de impuestos está presente en todas las sociedades, pero en países como el nuestro la posibilidad de engrosar los beneficios de la burocracia, incluidas las municipalidades, donde alcaldes y otros funcionarios de cantones pobres reciben remuneraciones similares a las de sus homólogos en países miembros del G-20, se comprende un rechazo todavía mayor. Los desequilibrios señalados refuerzan la necesidad de aprobar una ley de empleo público para poner orden e introducir eficiencia y justicia en esta materia.
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