El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, titular de grandes ventajas para competir con el resto del sistema bancario nacional, no es un banco del Estado. Fue creado por una ley especial y es propiedad de los trabajadores, aunque los mayores aportes a su patrimonio lo hacen los patronos. Su manejo interno nos importa a todos. Por eso, la acción planteada ante la Sala Constitucional por el procurador general, Julio Jurado, contra los abusos de la convención colectiva de la entidad son, al mismo tiempo, un llamado de atención sobre las cláusulas desproporcionadas e irrazonables adoptadas a costa de todos los demás trabajadores del país (“Procurador denuncia 10 excesos en acuerdo laboral del Popular”, La Nación, 12/12/2018).
Entre los muchos beneficios de la convención del Banco, están los aportes para actividades deportivas, sociales y culturales de sus empleados. El Banco también contribuye al fideicomiso para el mantenimiento de un centro de recreación, subsidia las primas de pólizas de vida, concede condiciones especiales de crédito a su personal, proporciona ayuda por matrimonio y fallecimiento de familiares, paga exámenes médicos privados y paga cesantía con tope superior a los 12 años, amén de las anualidades automáticas hasta del 5 %. En el 2017, la convención colectiva “significó una erogación de ¢18.588 millones”, de los cuales los únicos beneficiarios fueron los servidores de la institución.
Da la impresión de que el Banco no paga sueldos, o que son tan bajos que debe contribuir, como patrono, a enfrentar una larga lista de gastos de sus empleados. Con el paso del tiempo, el banco de los trabajadores parece haberse convertido en el banco de sus trabajadores. Esas convenciones colectivas, negociadas sin que la inmensa mayoría de los interesados (patronos y trabajadores) se enteren, incorporan un manojo de privilegios que, como bien señala el procurador general en el caso concreto, son “desproporcionados e irrazonables”.
Si bien el Banco Popular y de Desarrollo Comunal no es del Estado y no requiere de apoyo social mediante impuestos, su convención colectiva refleja un enorme problema de gobierno corporativo. Lo dirigen subgrupos de los trabajadores del país, los más organizados, que una vez en el cargo parecen anteponer sus intereses a los de sus representados.
Es bueno que los trabajadores cuenten con un banco cuya misión sea atender con especial empeño sus necesidades financieras, de crédito y de ahorro, pero no es bueno que opere en condiciones más favorables que el resto del sistema bancario nacional. Tampoco es bueno recargar las planillas para aumentar el patrimonio bancario, pues conforme más altas sean las cargas impuestas sobre el factor trabajo, mayor será el estímulo a la informalidad. Es hora de pensar en una reforma.
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Es necesario aumentar la transparencia de la dirección del Banco, a efecto de que todos los trabajadores del país se enteren del manejo. En particular, es preciso publicitar el contenido de las convenciones colectivas y sus costos. El recargo a las planillas y el tratamiento financiero favorable desnivelan la cancha donde operan los intermediarios financieros y eso atenta contra la sana competencia.
Si bien el Banco Popular no es un banco estatal, tiene muchos de los vicios de los entes públicos que, muchas veces, por debilidades de gobierno corporativo, se las agencian para anteponer el interés de sus servidores al de sus representados.
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