En una carta enviada al diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, el superintendente de entidades financieras, Bernardo Alfaro, recomienda encarar la crisis económica desatada por el coronavirus con acciones ágiles y oportunas, sin dejar de lado la prudencia. La misiva responde las dudas del legislador sobre el proyecto de ley de flexibilización crediticia y de seguros, pero el párrafo inicial podría encabezar una opinión sensata sobre cualquiera de las difíciles decisiones de los próximos días.
La Asamblea Legislativa actuó con celeridad para aprobar necesarias medidas de emergencia, como la ley de flexibilización de las jornadas laborales. La norma ya contribuyó a la preservación de empleos que de otra forma se habrían perdido, pero otras iniciativas, inobjetables en apariencia, encierran peligros imposibles de discernir si no se atiende el consejo del superintendente.
Al llamado a la prudencia, Alfaro añade una apelación a la justicia. Las decisiones de impacto general son ineficientes porque benefician a quien lo necesita y, también, a quien podría salir adelante sin ayuda. No tiene sentido, por ejemplo, declarar una moratoria para todos los deudores sin conocer la verdadera situación de cada cual.
La prudencia y la justicia invitan a considerar con detenimiento otras propuestas de alcance general debatidas en días recientes. ¿Necesitan todos los inquilinos suspender los pagos durante cuatro meses para luego reintegrar la suma acumulada a lo largo de otros veinte? ¿Pueden todos los propietarios prescindir de los ingresos durante ese lapso? En muchas relaciones de inquilinato, la parte débil es el dueño, no el arrendatario, pero una ley de impacto general parte del supuesto contrario.
En otro caso, ¿es realmente necesario entregar de forma anticipada y universal el dinero acumulado en el Fondo de Capitalización Laboral aunque no todos los trabajadores resulten golpeados en igual medida por la crisis? ¿Por qué entregar los recursos a quienes no sufran menoscabo de sus ingresos? Cuantos más recursos se exijan abruptamente a las operadoras de pensiones, más grande es el riesgo de pérdidas. La posibilidad de echar mano al Régimen Obligatorio de Pensiones implica riesgos todavía mayores. La lista de ejemplos podría hacerse más larga.
En todos los casos, el peligro está en la aparente conveniencia de las medidas y sus menos aparentes consecuencias. Liquidar las inversiones de los fondos de jubilación para repartir el dinero conllevaría serias pérdidas en las actuales circunstancias de los mercados financieros. Decretar moratorias generalizadas en la banca podría comprometer su solidez y estabilidad.
Hay sectores con conceptos caricaturescos del sistema financiero y de los bancos como fuente inagotable de una riqueza de origen inexplicado. Para quienes así piensan, la carta de Alfaro aclara, con exquisita sencillez, la distribución del riesgo: “Cuando un intermediario financiero concede un crédito de ¢10, el banquero aporta ¢1 (por eso, la suficiencia patrimonial necesaria es del 10 %) y los otros ¢9 provienen del dinero depositado por los dueños de cuentas corrientes, ahorrantes, inversionistas y, en general, por depositantes que confiaron sus recursos a la entidad. Es crucial preservar el ¢1 aportado por el banquero porque de eso depende la solvencia de la entidad, y es vital preservar los ¢9 porque deben ser devueltos a su legítimo dueño cuando lo requiera”.
Los ¢9 no son del banquero, sino de personas de todo tipo cuyos ahorros no deben ponerse en riesgo para ayudar a quienes no lo necesitan. Tampoco es razonable apoyar a empresas incapaces de remontar la crisis por mucha ayuda que reciban o a deudores con historial cuestionable antes de la pandemia y ahora se frotan las manos para aprovechar ventajas generalizadas. La ayuda financiera debe ser selectiva, temporal y eficiente. Lo contrario es desperdiciar recursos vitales en este difícil momento.