EscucharEl referendo sobre reformas constitucionales, efectuado el pasado domingo en Ecuador, ha puesto a ese país en una positiva ruta hacia la recomposición y el fortalecimiento democrático. Tras diez años de gobierno autocrático de Rafael Correa, los ciudadanos decidieron, por abrumadora mayoría, apoyar siete enmiendas a la Constitución heredada de ese período. En esencia, introducirán mayor independencia y normalidad institucional, garantizarán la alternabilidad en el poder y darán instrumentos más eficaces a las autoridades legítimas en la lucha contra la corrupción.
A Correa hay que reconocerle haber generado un largo período de estabilidad en un Estado que, como el ecuatoriano, históricamente se había caracterizado por gran volatilidad gubernamental. Además, administró de mejor manera que otros gobiernos de tendencia populista-autoritaria, como el de Venezuela, los ingresos generados por el incremento en los precios del petróleo, un producto clave para su economía; mantuvo una política exterior menos crispada que la de sus socios de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) y no llegó a excesos extremos en el uso arbitrario de los mecanismos represivos o en acoso a los políticos opositores.
Todo lo anterior, sin embargo, coincidió con peligrosas actitudes y acciones autoritarias que, en esencia, pretendieron aislarlo de las críticas y el rendimiento de cuentas y lo convirtieron en el gran decisor sobre el presente y futuro del país, sin límites ni equilibrios adecuados. Correa puso las instituciones al servicio de su personalidad inflexible y autocrática y de un pequeño grupo de fieles colaboradores. El resultado, inevitable, se tradujo en arbitrariedad, corrupción, persecución de sus críticos mediante draconianos instrumentos legales y acciones para garantizarse la permanencia en el poder.
La Constitución aprobada bajo su égida se convirtió en un instrumento esencial para esta tarea, sobre todo tras la adopción de la reelección consecutiva sin límites. Para endulzar este cambio, Correa prometió que no se presentaría para un nuevo período en las elecciones del 2017 y colocó como candidato de su partido al vicepresidente Lenín Moreno, más conciliador, quien triunfó por estrecho margen. Su pretensión era convertirlo en instrumento durante cuatro años y preparar el regreso para competir de nuevo por la presidencia. La maniobra, sin embargo, fue fallida. Moreno, lejos de ser una pieza de su engranaje, se convirtió en motor autónomo de un nuevo rumbo, del cual es parte el referendo llevado a cabo el domingo.
De las siete preguntas a las que casi dos tercios de los ecuatorianos dijeron sí, las dos más importantes tienen que ver con la arquitectura institucional. Uno de los cambios eliminó la reelección consecutiva y la limitó a un solo período adicional. La otra conducirá a la reestructuración de un Consejo de Participación Ciudadana y Participación Social, entelequia dominada desde la presidencia, que tenía el poder de nombrar y sustituir, de manera expedita y sin debidos procesos, a las personas que dirigen las instancias de control estatal. Mientras se aprueba una ley para establecer un mecanismo sujeto a la decisión legislativa, se nombrarán miembros provisionales, elegidos por el presidente Moreno. Esto último ha despertado algunas críticas, pero resulta inevitable como parte de la transición.
El referendo, además, aprobó que se inhabilite para participar en la vida pública a personas condenadas por corrupción; que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes; que se prohíba la minería metálica en áreas protegidas; que se deroguen controles al traspaso de tierras, y que se reduzca de 1.030 a 300 hectáreas el área de exploración petrolera autorizada por ley en el Parque Nacional de Yasuní.
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La implementación de todo lo anterior llevará su tiempo, pero la ruta está perfectamente trazada. Conducirá hacia un Estado más transparente, institucionalizado y normalizado. Se trata de una excelente noticia para los ecuatorianos, pero también para la democracia en América Latina.
