1 septiembre

La modernización de la carretera San José-San Ramón es urgente. Unos 100.000 vehículos transitan por ella diariamente y merecen hacerlo con seguridad y rapidez. Los encargados de llevar a cabo la obra, desafortunadamente, parecieran no tener la misma prisa y se mueven al paso de la tortuga.

La Ley desarrollo de obra pública corredor vial San José-San Ramón y sus radiales mediante fideicomiso fue aprobaba a principios del 2015, después de la fallida concesión a OAS en el gobierno de Laura Chinchilla, lo cual le produjo pérdidas al Estado. El fiduciario seleccionado fue el Banco de Costa Rica (BCR) y a estas alturas del 2019 los actores continúan haciendo lenta calistenia. El fiduciario recientemente expresó su interés en elevar el precio de los peajes. De aceptarse la propuesta, el del aeropuerto Juan Santamaría pasaría de ¢75 a costar, cuando menos, ¢200 y el de Naranjo subiría de ¢150 a ¢400. Además, las casetillas se mantendrían abiertas las 24 horas del día y se daría vía libre a los vehículos solo cuando la congestión sea de 900 metros o más.

En principio, el aumento propuesto tiene sentido porque el costo actual de administrar los peajes es casi el monto de lo recaudado; un contrasentido. Pero la segunda condición más pareciera una broma, pues peajes que causen una congestión de ese tamaño son una peste social.

Según la propuesta, la cual deberá ser aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los fondos generados se usarán en el financiamiento de “obras preliminares” necesarias para proceder a la ampliación de la vía de unos 60 kilómetros aproximadamente. Entre estas obras, figuran la compra de terrenos, el traslado de familias y la relocalización de los servicios públicos. Sin embargo, los administradores del Fideicomiso Ruta Uno, como se le conoce, no están todavía debidamente enterados de cómo se documentará la solicitud de aumento tarifario y tienen previsto celebrar una reunión con funcionarios de la Aresep para familiarizarse con los requisitos para presentar un ajuste de precios.

Han pasado más de cuatro años desde la aprobación de la ley y el avance de la obra es prácticamente nulo. Según se ha informado, la carretera será dada en concesión al sector privado y, si por la víspera se saca el día, el país deberá esperar quizás una década más para verla en funcionamiento, pues ni siquiera se tiene una idea del costo ni de las tarifas de peajes y si estos requerirán subsidio estatal.

Haber optado por la figura del fideicomiso para una carretera de tan poca longitud fue un error. Mejor habría sido construirla por la vía tradicional, sin los costos fijos y sin el costo de capital que acompañan las concesiones, financiarla con cargo al presupuesto de la República y, después, dar en concesión la administración y mantenimiento, con lo cual el Estado recuperaría en un plazo previsible las sumas invertidas.

Desconocemos cuál va a ser la reacción de los conductores cuando se produzca el incremento de las tarifas sin ver previamente una mejora en la carretera. Pero, más que eso, es sumamente preocupante que el Estado tarde tantísimo en ejecutar una obra relativamente sencilla.

La figura de concesión de obra pública con servicios al sector privado es de enorme beneficio para el desarrollo del país, particularmente, cuando la dinámica de la actividad económica es tan baja. Pero debe utilizarse en proyectos de mediano tamaño por cuanto nuestra experiencia administrativa muestra que la burocracia llamada a administrarla no es capaz de moverse a la velocidad demandada por las circunstancias.