La tasa de desempleo era alta mucho antes de que apareciera la pandemia de la covid-19, pero esta la disparó a partir de marzo y, según la encuesta continua de empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el trimestre de mayo a julio del 2020 el porcentaje de desocupados ascendió al 24,4 % de la fuerza laboral, es decir, 557.000 costarricenses buscaron empleo, pero no lo encontraron.
Se trata de una situación muy seria, principalmente porque el cálculo del INEC se refiere a un promedio trimestral finalizado en julio. No es improbable que el dato actual sea peor. Además, los resultados del INEC reflejan que el empleo informal, constituido por personas que laboran menos de 40 horas semanales aunque desean trabajar más, también se elevó. Otra variable indicativa del deterioro es la tasa neta de participación laboral (porcentaje de la fuerza de trabajo en relación con la población mayor de 12 años) que en el trimestre analizado bajó, respecto del año anterior, del 63 % al 57,1 %. Esto indica que, ante el entorno de oscuridad, muchas personas desistieron de buscar trabajo y, por tanto, no cuentan para el cálculo de la tasa de desempleo.
Como consecuencia de todo lo anterior, la fuerza de trabajo disminuyó en 205.000 personas, en relación con el trimestre de mayo a julio del 2019, para situarse en 2,2 millones de personas, de una población de 12 años y más que en el trimestre analizado ascendía a casi 4 millones.
Si se profundiza en el análisis de los indicadores globales, se nota otro elemento preocupante, y es que el desempleo y la tasa de no participación afectan en mayor grado a las mujeres, lo cual incide muy adversamente en la situación de los hogares con mujeres como cabezas de familia.
En Costa Rica no existe un seguro de desempleo para ayudar a quienes pierden el trabajo por motivos fuera de su control. En otros países, personas en esas circunstancias reciben un pago periódico durante un número razonable de meses para continuar llevando sustento a sus familias. Para empeorar la situación, el Estado enfrenta serios problemas presupuestarios, reflejados en un déficit crónico, lo cual le impide socorrer a los desempleados por mucho tiempo. La ayuda posible no sustituye el ingreso perdido con el empleo.
El deterioro del empleo obedece a la pandemia de la covid-19, cuyos efectos se hacen sentir desde finales del primer trimestre, y a las medidas de confinamiento adoptadas por las autoridades sanitarias para controlar el contagio. Desafortunadamente, no sabemos cuándo terminará la pandemia ni cuándo estará disponible una vacuna para un porcentaje suficientemente alto de la población. Eso obliga a las autoridades a reconsiderar las medidas restrictivas y a abrir paulatinamente, y de manera muy controlada, confiando en la cooperación de la ciudadanía, más y más sectores de la economía para coadyuvar a la recuperación de los empleos perdidos desde marzo y que la situación financiera de las familias se normalice.
Los efectos adversos de la caída histórica de la producción nacional y el empleo se reflejan también en la agudización de la situación fiscal, pues el gobierno ha visto disminuir la recaudación tributaria de manera violenta, lo cual acrecienta su déficit y dispara el endeudamiento público. Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyos ingresos están fuertemente vinculados con los salarios, enfrenta una baja cuantiosa de recursos cuando los requerimientos de atención hospitalaria van en aumento. Los desafíos son enormes y solo una respuesta unificada permitiría aminorar el dolor del cual no podremos librarnos por completo.