13 marzo

La urgencia del gobierno digital, y de la digitalización de cuantas funciones públicas sea posible, no tiene discusión. Los llamados se hacen desde todos los rincones de la administración y también desde la empresa privada. En ocasiones, los peticionarios ni siquiera tienen clara la naturaleza de sus solicitudes. Cuando reclaman simplificación de trámites, en realidad exigen la digitalización de más procesos burocráticos.

Uno de los reclamos más vehementes de los últimos meses salió del Ministerio de Hacienda, cuya cabeza, Rodrigo Chaves, adelanta conversaciones con la banca internacional para financiar un ambicioso programa de modernización tecnológica con el fin de mejorar la recaudación y la calidad del gasto, incluido el manejo de la deuda pública.

Es hora de plantear el problema con seriedad. La tecnología es cara, pero la inversión redundará en cuantiosos ahorros y más eficiencia.

Los sistemas informáticos de Hacienda son obsoletos a lo largo y ancho de las funciones encomendadas al Ministerio. Si hace falta fortalecer las plataformas para el cobro de impuestos y llevar el pulso de la deuda, no es menos urgente actualizar la administración aduanera, donde el TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero), data de hace 14 años.

La Contraloría General de la República ha hecho llamados para dotar a diversas instituciones de tecnología adecuada. Una de esas entidades es la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La oficina administra 18.000 jubilaciones cargadas al presupuesto nacional con métodos propios de los años cincuenta.

Según la Contraloría, la inversión de $2,9 millones en un sistema informático moderno, entre el 2011 y el 2019, no salvó a la DNP del manejo artesanal. Los expedientes se forman con hojas de papel amarradas con cáñamo y se transportan en carretillas. El sistema es inseguro y se presta para la alteración de datos, una oportunidad para la corrupción y el error, ambos costosos para el Estado. La Contraloría detectó ¢3.140 millones girados de más entre el 2014 y el 2018, además de ¢1.000 millones pagados entre el 2016 y el 2018 a personas afectadas por errores.

Igualmente vergonzoso es el primitivismo imperante en la Dirección General de Servicio Civil, donde hay 726.785 ofertas de servicio en espera de revisión. Los 15 encargados del área de reclutamiento llevan a cabo rudimentarios estudios manuales de currículos presentados por todo tipo de oferentes, salvo los educadores.

El ingreso al registro de elegibles de donde salen los reemplazos para las plazas vacantes en 45 ministerios e instituciones adscritos al Servicio Civil también es manual y quien logre la inscripción deberá esperar año y medio para la revisión preliminar, hecha por orden de presentación.

El sistema ofrece múltiples oportunidades para la irregularidad y pocas garantías de contratación del personal idóneo. Si la revisión de la oferta no es exhaustiva, no hay forma de cobrar certeza de la superioridad del candidato. No contratar a los mejores, desde luego, tiene un costo para el Estado.

El director del Servicio Civil, Alfredo Hasbum, admite un rezago tecnológico de décadas. “En el Servicio Civil, no se puede pedir una renovación de equipos, la computadoras que tenemos son desechos de otras instituciones; desde hace unos nueve años, no hay presupuesto para renovar computadoras”, afirmó.

La historia se repite en muchas otras instituciones. Es hora de plantear el problema con seriedad. La tecnología es cara, pero la inversión redundará, en los casos descritos y en otros más, en considerables ahorros y más eficiencia. Repercutirá, además, en la satisfacción de los ciudadanos cuando entran en contacto con la Administración Pública y esa es una enorme ganancia para la democracia.