Por mucho tiempo, el Banco Central intervino en el mercado para que el tipo de cambio del colón respecto al dólar se mantuviera estable. Esa acción fue más allá de evitar fluctuaciones violentas en el valor de la divisa. Para lograrlo, se incurrió hasta en endeudamiento externo. La política llevó a muchos agentes económicos (entidades financieras y usuarios del crédito) a considerar que el tipo de cambio era, para todo efecto práctico, fijo. Como la tasa de interés para préstamos en dólares era inferior a la cobrada a créditos en colones, optaron por endeudarse en divisas aun cuando no las generaban. Eso los expuso al riesgo cambiario.
Recientemente, la situación externa e interna de nuestra economía ha cambiado. Por un lado, en los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal (Fed) adoptó una política de tasas de interés crecientes y, por otro, la situación fiscal en nuestro país apunta a un recrudecimiento de las condiciones crediticias domésticas, pues el Ministerio de Hacienda debe colocar muchos bonos para financiar su faltante presupuestario. Esos factores también influyen para que el tipo de cambio tienda a elevarse, como en efecto ha ocurrido durante los últimos meses.
La elevación del tipo de cambio pone en problemas a los deudores con obligaciones expresadas en divisas, particularmente en dólares, y que reciben ingresos en colones. En efecto, el aumento de ¢26 en el precio del dólar en los últimos dos meses encarece la amortización y el cargo por intereses de todo préstamo expresado en esa moneda. En consecuencia, algunos bancos han optado por ofrecer a sus deudores la conversión a colones las deudas en dólares y, también, ampliar los plazos para facilitar el servicio de los créditos (“Nacional y BCR facilitan pasar préstamos a colones”, La Nación, 20/10/2018).
La segunda medida, la ampliación de plazos, reduce los pagos pactados y coadyuva a controlar la morosidad de las carteras bancarias. Esa ventaja (cuotas reducidas) se alcanza a costa de alargar el plazo de la operación. No hay almuerzo gratis. Sin embargo, la primera medida (“colonizar” préstamos) no tiene una clara ventaja porque, cuando el entorno cambiario apunta a una devaluación, las tasas de interés para operaciones en moneda local incorporan esa posibilidad y se tornan más elevadas que las dispuestas para los créditos en dólares. Los deudores salvan de la devaluación el principal de sus deudas, pero al precio de pagar una tasa de interés superior. No está claro que eso les favorezca. Tampoco mejora, necesariamente, las perspectivas de cobro de los bancos.
Los contratantes (entidad financiera y potencial deudor) siempre deben hacer un análisis de sensibilidad a cambios en el precio de la divisa y en las tasas de interés para asegurarse de que, aun en casos de cambios violentos, las operaciones podrán ser atendidas en la forma pactada. El Banco Central de Costa Rica cometió un error al promover una política de tipo de cambio casi fijo, a costa de endeudarse para hacerlo, pues indujo a los agentes económicos a hacer caso omiso al riesgo cambiario. Ahora, la realidad nos dice que sí existe.
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La extensión del plazo de los préstamos, sin que medien cobros administrativos para los deudores, es la salida óptima para las personas físicas y jurídicas con dificultades para atender sus préstamos de vivienda, consumo y producción. Los bancos y otras entidades financieras —y, por tanto, el sistema financiero en su totalidad— también se favorecerán con lo que se haga en este sentido. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), en ejercicio de las medidas de supervisión macroprudenciales a su disposición, debe apoyar esos esfuerzos.