21 agosto

A fines del 2012, la Asamblea Legislativa negó la reelección al magistrado Fernando Cruz, de la Sala IV, en ejercicio de la potestad conferida al Congreso por la Constitución Política. La decisión habría sido inobjetable si los diputados la hubieran fundado en comprobadas razones de probidad o aptitud, pero el diputado Fabio Molina, jefe de fracción del gobernante Partido Liberación Nacional, no dejó duda de la motivación política del voto.

Según el legislador, el Congreso pretendió “llamar la atención a la Corte” y enviar un mensaje a los magistrados. A Cruz se le negaba la reelección por el contenido de sus resoluciones y los demás integrantes de la Corte debían cuidarse de no incurrir en los mismos “errores”.

Esa falta de agudeza política no excusa la pretensión de desconocer la separación de poderes y los fundamentos del Estado democrático

Luis Paulino Mora, entonces presidente del Poder Judicial, protestó por la pretensión de “buscar una línea de pensamiento y actuación complaciente (…) en nombre de una gobernabilidad mal entendida o manipulada”. Cruz conservó el cargo, pero las razones invocadas para respaldar la votación del Congreso pasaron a la historia como espuria justificación de un ataque a la independencia del Poder Judicial y la institucionalidad democrática.

La experiencia, tan reciente, no parece haber beneficiado a la diputada Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN), quien aprovechó una intervención en el Plenario para manifestar a los magistrados de la Sala Constitucional su desacuerdo con el reciente fallo sobre el matrimonio igualitario y las consecuencias de esa decisión cuando llegue el momento de la reelección.

El ataque contra la independencia judicial es tan grave, o quizá más, que el del 2012, porque va referido a una decisión en particular, con todas las señales. El escándalo es menor porque no está de por medio la continuidad de un magistrado en particular. Los cuatro firmantes de la posición mayoritaria sobre el matrimonio igualitario enfrentarán la reelección entre el 2019 y el 2021, pero serán confirmados en el cargo salvo la votación en contra de 38 legisladores.

Esa hipótesis es improbable, sobre todo después de la intervención de Rodríguez, porque la fracción de Restauración es de apenas 14 diputados y les será difícil encontrar aliados dispuestos a enfrentar con ellos la reacción de la opinión pública contra la anunciada injerencia política en la función jurisdiccional. Así, la legisladora solo consiguió poner el debate de las próximas reelecciones en el contexto más favorable para los magistrados.

Esa falta de agudeza política no excusa la pretensión de desconocer la separación de poderes y los fundamentos del Estado democrático. Como bien dice el comunicado de la Asociación Costarricense de la Judicatura, los legisladores “son los primeros llamados a defender y respetar estos principios democráticos”.

Desafortunadamente, no siempre ha sido así. El 14 de setiembre del 2010, Ernesto Jinesta Lobo fue reelegido con 20 votos en contra salidos de las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión. Las tres agrupaciones le recriminaron explícitamente el contenido de diversos fallos. Según Manrique Oviedo, diputado del PAC, su fracción no había olvidado la sentencia a favor de la reelección presidencial. Otros le objetaron decisiones en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, y el voto sobre la minería en Crucitas.

Hay más ejemplos, pero ninguno pasó del intento, porque la Constitución procura la estabilidad e independencia de la judicatura. Prevé la posibilidad de no reelegir a los magistrados, pero no como voto de censura al contenido de sus fallos, sino por motivos de probidad y aptitud.