14 junio

Hace pocos meses, una mala sentencia redactada por el magistrado Paul Rueda condenó a este periódico a publicar un derecho de respuesta por afirmaciones que nunca hicimos. La petición del accionante solo fue admitida en forma parcial, pero nuestra disconformidad con el fallo es completa. Criticamos la sentencia sin dejar de respetarla y, por respeto a la institucionalidad, no nos pasa por la mente tenerla como solapado motivo de una represalia contra su autor.

El respeto a la independencia de los jueces exige lo mismo de todo ciudadano. No hay en nuestra actitud una virtud especial. Por eso, sorprende ver a sindicatos del Poder Judicial —entre cuyos miembros debería haber conciencia y celo por la salvaguarda de valores tan esenciales— sumarse a la tentativa de descarrilar la reelección de Rueda por razones relacionadas con el más puro ejercicio de la función jurisdiccional. Sin disimulo, dos sindicatos reprochan al magistrado sus votos en casos como las pensiones de la Corte y el plan fiscal.

Al parecer, la expectativa sindical es tener magistrados al servicio de sus privilegios, identificados con el interés gremial más allá de las disposiciones de la Constitución Política.

El debate sobre la reelección de Rueda se distingue por la ausencia de voces que clamaron contra la decisión legislativa de no reelegir al magistrado Fernando Cruz a finales del 2012. En aquel momento, sectores sumidos hoy en el silencio pedían respeto para la independencia y estabilidad de la judicatura. Con razón, denunciaban el castigo a los contenidos de sentencias pasadas y rechazaban implícitas advertencias sobre las consecuencias de decisiones futuras.

La independencia de la judicatura depende de su estabilidad y la firmeza de los fueros y mecanismos destinados a protegerla. Por eso la reelección no puede depender del contenido de las sentencias, sino de la idoneidad técnica, la probidad y la diligencia en el ejercicio del cargo. En el caso de Rueda, ninguno de esos elementos está en duda. El magistrado demuestra completo dominio del derecho constitucional y tiene amplios estudios en ese campo. Contra él no pesa sanción alguna y el desempeño de su despacho se compara con ventaja con los de sus compañeros de Sala.

Los sindicatos no alegan deficiencias en esas áreas y exponen sus agravios con franqueza. El problema es el contenido de los fallos. Si las sentencias coincidieran con sus opiniones e intereses, no tendrían objeción alguna. Un comunicado de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) circula en las redes sociales con una foto de Rueda y un retrato del beso de Judas a Jesucristo. Rueda no debe ser reelecto por “traicionar” los intereses gremiales, es el inequívoco mensaje.

Al parecer, la expectativa sindical es tener magistrados al servicio de sus privilegios, identificados con el interés gremial más allá de las disposiciones de la Constitución Política. El comunicado culpa a Rueda de “salarios reducidos”, “interinos sin futuro”, “incentivos laborales restringidos” y pensiones menores. Por eso, “su reelección sería una bofetada más de los políticos neoliberales contra el personal judicial”.

Los políticos neoliberales, y otros de tendencias muy distintas, han armado movimientos contra la reelección de magistrados para cobrarles el contenido de sus sentencias, pero ninguno ha sido tan explícito en la denuncia de la falta de alineamiento entre los fallos del juez y los intereses específicos del grupo contrario a la reelección. Al parecer, en este caso se confirma el dicho sobre la peor cuña salida del mismo palo.

“Fuera traidores del Poder Judicial”, concluye el comunicado luego de pedir a quienes lo lean manifestarse contra la reelección en las redes sociales y escribir a los correos electrónicos de los jefes de las fracciones legislativas para pedirles lo que en esencia equivale a una intervención en el Poder Judicial. Entre los diputados hay muchos inclinados a aceptar la sugerencia por razones no confesadas.